¿Fue legal la destitución del Defensor del Pueblo de Panamá?

¿Fue legal la destitución del Defensor del Pueblo de Panamá?

El Dr. Italo Antinori Bolaños, Doctor en Derecho Constitucional y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001), nos presenta esta reflexión que orienta y despeja dudas sobre la destitución realizada en Panamá, del Defensor del Pueblo de dicho país, Alfredo Castillero Hoyos, el miércoles 9 de octubre de 2019.

Correo electrónico: iantinorib@cwpanama.net

Momento histórico en el que el entonces Presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, acompañado por el Vicepresidente Tomás Gabriel Altamirano Duque, el Presidente de la Asamblea Nacional Diputado César Pardo, en el Palacio Presidencial de Panamá, firma el decreto de nombramiento oficial del Primer Defensor del Pueblo de Panamá, Dr. Italo Antinori Bolaños (sentado al extremo derecho de la mesa), luego de que fuera elegido por abrumadora mayoría por todos los partidos políticos representados en el Parlamento panameño, en votación secreta, el 27 de junio de 1997

Desde el 27 de junio de 1997 en que fui elegido Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001), hasta octubre de 2019, siete Defensores del Pueblo hemos sido elegidos en Panamá.  Solo dos terminamos nuestros períodos completos desde el principio hasta el final (el suscrito, y quien me reemplazó, Juan Antonio Tejada).  A partir del 2005, tres Defensores del Pueblo elegidos por la Asamblea Nacional como titulares (Liborio García Correa, Patria Portugal y Alfredo Castillero Hoyos), han sido destituidos por la Asamblea Nacional. Otros Defensores han ocupado la posición, terminando los períodos que quedaron vacantes por la remoción de sus titulares (caso de Mónica Pérez, quien fue adjunta encargada por un tiempo, cuando destituyeron a Liborio García; Ricardo Vargas, quien fue elegido por la Asamblea, Defensor del Pueblo para terminar el período de Liborio García y Lilia Herrera, quien fue elegida por la Asamblea, para terminar el período de Patria Portugal).  La situación del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos era insostenible. Después de su negligente y omisivo actuar y de los escándalos personales que provocó, más daño aún se le hacía a la institución si se quedaba en el cargo, que procediendo con su remoción. Su negligente y pésima actuación, provocó una gestión opaca, sin brillo, desconectada del sentimiento y de la realidad popular, pero cuidadosamente cercana a los intereses de los políticos de turno y de ciertos grupos de presión en la sociedad que se autodenominan “sociedad civil”, que sin ambages sostenemos que la mayoría de éstos no representan a nadie, solo a ellos mismos, que son los que pareciera que vitaliciamente representan a sus organizaciones caracterizadas por sus rimbombantes y cantinflescos nombres. Hace menos de un año, el 27 de noviembre de 2018, en una entrevista de televisión que concedimos al periodista Atenógenes Rodríguez) en, Telemetro Canal 13 de la ciudad de Panamá, con cierta osadía de nuestra parte, nos atrevimos a vaticinar su ridículo final, al calificar la gestión del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, como “vergüenza nacional”.  El vídeo de dicho programa de televisión lo colocaron mis exalumnos en YouTube y puede verse en la siguiente dirección:

https://www.youtube.com/watch?v=TO0i4inSgtY

Cuando ejercí el cargo de Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá,  regía únicamente la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 (Gaceta Oficial 23,221 de 6 de febrero de 1997) por la cual se estableció la Defensoría del Pueblo en la República de Panamá.  Dicha ley establecía en el artículo 11, causas muy específicas para que se produjera la vacante absoluta del cargo de Defensor del Pueblo, a saber:

1. Renuncia aceptada por mayoría simple de los miembros de la Asamblea.

2. Vencimiento del plazo del mandato.

3. Muerte.

4. Decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, únicamente en los siguientes casos:

a. Incapacidad física o psíquica sobrevenida, que le impida el ejercicio del cargo.

b. Negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo.

c. Incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en la ley (razones de parentesco o ejercicio del comercio)

Dicha ley contenía una característica muy puntual en cuanto a que el Defensor del Pueblo era elegido por la Asamblea Nacional (en nuestro caso fue una elección secreta) y luego debía ser nombrado por el Presidente de la República, mediante Decreto que debía ser publicado en la Gaceta Oficial (el Presidente no podía vetar ni objetar el nombramiento).  De manera que desde 1997 cuando fuimos elegidos,  hasta el 2004 – cuando se aprobaron reformas constitucionales y se incorporó la Defensoría del Pueblo a la Constitución – el Defensor del Pueblo era elegido por el Parlamento, nombrado por el Ejecutivo y solo podía ser removido por la Corte Suprema de Justicia.  Estamos seguros que los inspiradores de dicha ley de la Defensoría, aparte de insistir que entre otros requisitos, la persona elegida como Defensor del Pueblo debía tener solvencia moral y prestigio reconocido (artículo 8 numeral 4 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997), de manera sensata establecieron un sistema en el que los tres principales Órganos del Estado concurrían en su elección, nombramiento y remoción, pero ninguno de éstos tenía el poder absoluto para destituir al Defensor del Pueblo.  Tal característica dotó a los Defensores del Pueblo de una estabilidad en el ejercicio de sus funciones, incluso, frente a los sentimientos de aversión que les producía a los políticos nuestras acciones absolutamente independientes, basadas en Dios, la Patria y la conciencia. 

Sin embargo – la verdad debe ser dicha sin ambages –, en el 2004 la persona que nos reemplazó al término de nuestro período como Primer Defensor del Pueblo, el Lcdo. Juan Antonio Tejada Espino  permitió que en la reforma constitucional que se aprobó en ese año, al incorporar la Defensoría del Pueblo en el texto constitucional, se estableciera, entre otros aspectos, lo siguiente en el último párrafo del artículo 129 de la Constitución:

“La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del Defensor del Pueblo, quien será nombrado por el Órgano Legislativo para un período de cinco años, dentro del cual no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, en virtud de causas definidas previamente por la Ley.” (El resaltado y subrayado es nuestro).

A partir de ese momento, los políticos se dieron cuenta que por fin habían recuperado el control de la institución, pues no solo detentaban la facultad de elegir al Defensor del Pueblo (facultad que ya tenían en la Ley N° 7 de 5 de febrero de 1997), sino que con el advenimiento de las reformas constitucionales del 2004 habían “capturado” a la institución, al arrogarse también el derecho de remover administrativamente al Defensor del Pueblo o la de suspenderlo en el ejercicio del cargo, solo con la concurrencia de las dos terceras partes de los votos de los Diputados.  Para ello, se aprovecharon de la ignorancia, candidez o la falta de coraje del entonces Defensor del Pueblo Juan Antonio Tejada Espino (2001-2006), quien lamentable y desgraciadamente, dejó que tal posibilidad se estableciera nada más y nada menos que en la cúspide jurídica del Estado, que es la Constitución.

Somos del criterio que la reforma constitucional del 2004 debilitó la figura del Defensor del Pueblo al dejarla sometida  al inmenso poder de la Asamblea Nacional.  Específicamente, la reforma coarta la independencia del Defensor del Pueblo, quien ante cualquier acción que pudiese afectar los intereses de los políticos con sus actuaciones, éstos sencillamente se pondrían de acuerdo entre las diferentes facciones políticas para lograr el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional con lo cual lo podrían remover o suspender libremente.  En consecuencia, los Defensores del Pueblo, después de la reforma constitucional de 2004, no se atreven a actuar con valentía ni independencia, porque en el fondo tienen temor de las repercusiones que se crearán en su contra si desafían a los grandes intereses políticos.  Por otra parte, ello también ha provocado que la figura del Defensor del Pueblo haya sido percibida, poco a poco, como inoperante, débil y complaciente con el poder político, situación muy distinta a la que se produjo durante los primeros años posteriores a su fundación en 1997, con el ejercicio del cargo del Primer Defensor del Pueblo.

Como la reforma constitucional del 2004 estableció nuevas reglas para la remoción o suspensión del ciudadano Defensor del Pueblo – que eran distintas a las contempladas en la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 – en consecuencia se dictó la Ley N° 41 de 1 de diciembre de 2005  (Gaceta Oficial N° 25,438 de lunes 5 de diciembre de 2005)  por la cual modificó y adicionó la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 para actualizar dicha ley en lo atinente a las nuevas  facultades que se le había otorgado a la Asamblea Nacional, en las reformas constitucionales del 2004, para remover o suspender al Defensor del Pueblo.  Hábilmente los políticos, se dieron cuenta que podían hacer otras reformas en la Ley, para tener aún más control sobre la institución porque estaban frente a un Defensor del Pueblo pasivo y complaciente con el poder político (el entonces Defensor del Pueblo  Juan Antonio Tejada Espino es familiar de Martín Torrijos Espino, quien, en esos momentos, era Presidente de la República).  Por ello, también aprovecharon para quitarle al Defensor del Pueblo las consideraciones de equivalencia a las de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y se las rebajaron a las de Ministro de Estado, en la modificación del artículo 10 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 hecha por la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005 que se promulgó como consecuencia de las reformas constitucionales del 2004. En ese año, como ciudadano y especialista en Derecho Constitucional, me opuse a las reformas constitucionales, por el método que usaron y de forma específica por la forma en que se incorporaba la Defensoría del Pueblo a la Constitución.  Lo señalé puntualmente en diversos escritos nuestros y parte de las consecuencias que hoy día vive la institución, tienen su origen en esas reformas constitucionales como explicamos en el presente análisis.  Por su parte, es importante recordar que el Diario “La Prensa” de la ciudad de Panamá, en una publicación de los periodistas Rolando Rodríguez (hoy Subdirector del Diario La Prensa) y Rafael Pérez G., de lunes 28 de junio de 2004, con el título de “Los nuevos ‘constituyentes’”, denunció que “sin ser electo, un grupo de cercanos colaboradores de Martín Torrijos, es el verdadero artífice del proyecto de reformas a la Constitución” y atribuyó dichas reformas a Juan Antonio Tejada Espino, Jorge Giannareas, Carlos Ernesto González Ramirez, Milton Henríquez, Gustavo Chellew y Carlos Vásquez Reyes, entre otros, como los inspiradores de las reformas constitucionales del 2004.  En esa ocasión, el Diario “La Prensa” hizo duros cuestionamientos, no sólo en contra de la injerencia de dichos ciudadanos en las reformas constitucionales, sino por la forma en que éstas se hacían y por el contenido de algunas de ellas, en los siguientes términos:

“Lo que parece ser todo un misterio es quién hizo el trabajo de “edición” de las reformas. De acuerdo con una fuente, que prefirió no ser mencionada por su nombre, el trabajo de “costura” fue hecho por un sastre que “pegó retazos de aquí y de allá” para hacer un traje que parece que no le ajusta a nadie, salvo a aquellos que impulsaban enmiendas con nombre y apellido.”

Ver denuncia del Diario La Prensa, en el siguiente vínculo: https://laverdadhispanoamerica.blogspot.com/2019/10/noticia-tomada-de-la-hemeroteca-de-la.html

Como consecuencia del cambio que produjo la reforma constitucional, en lo atinente a la remoción o suspensión del Defensor del Pueblo en el precitado artículo 129 de la Constitución (párrafo final), la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005 al modificar la  Ley 7 de 5 de febrero de 1997), adicionó de manera específica los siguientes artículos:

Artículo 11-A. El Defensor o Defensora del Pueblo solo podrá ser suspendido o removido de su cargo, por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional.

Artículo 11-B. Son causales de suspensión o remoción del cargo de Defensor o Defensora del Pueblo, las siguientes:

1. Incapacidad física o psíquica sobrevenida, que le impida el ejercicio del cargo.

2. Negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo.

3. Incurrimiento en cualesquiera de las incompatibilidades previstas en la presente Ley.

Como podemos observar, a nuestro modo de ver y desde el punto de vista jurídico/constitucional, a partir de las reformas constitucionales del 2004, la Asamblea Nacional de Panamá tiene amplias facultades, no solo para remover, sino también para suspender al Defensor del Pueblo por las dos terceras partes de sus miembros (observemos que en el precitado artículo 11-B que adicionó la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005, aparece una conjunción disyuntiva que nos indica que puede ser una cosa o la otra).  Empecemos por analizar que la facultad que tiene la Asamblea Nacional en este aspecto, fue calculadamente establecida en la base jurídica del Estado que es la Constitución (art. 129)  para lo cual tuvo que promulgarse posteriormente la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005, para adecuar, a la Ley de la Defensoría del Pueblo,  los nuevos términos y condiciones jurídicas que se habían incorporado en la reforma constitucional del 2004.  A nuestro juicio, cualquiera de las causales establecidas en el antes citado artículo 11-B, que adicionó la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005 – por haberlo dispuesto así la reforma constitucional – puede dar lugar a que la Asamblea Nacional decida la remoción o la suspensión del Defensor del Pueblo si concurriese alguna de dichas condiciones.  Es más, en el caso de la causal concerniente a la negligencia notoria en el ejercicio de sus funciones (que fue por la que se removió al Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos), quien determina y califica la negligencia, es la propia Asamblea Nacional.  El único requisito que debe tener la Asamblea, aparte de encuadrar su destitución en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 11-B  es que debe contar con el voto de las dos terceras partes  de los Diputados.  La facultad otorgada a la Asamblea Nacional por el artículo 129 de la Constitución y por el artículo 11-B adicionado por la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005,  es amplia y no admite duda alguna de que pueden removerlo o suspenderlo por alguna de dichas causas, en el ejercicio de lo que los constitucionalistas denominamos facultades políticas/administrativas de los Parlamentos.  Los inspiradores de las reformas constitucionales de 2004, de forma calculada le otorgaron a la Asamblea Nacional una amplia y absoluta facultad para remover o suspender al Defensor del Pueblo, que no tuvo el parlamento panameño desde 1997, cuando se promulgó la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 hasta la aprobación de las reformas constitucionales.  Fue a partir de dichas reformas que quedó establecido en el artículo 129 de la Constitución Política que la Asamblea tenía amplia potestad de elegirlo y también de removerlo o suspenderlo con el voto de las dos terceras partes de sus miembros por las causas que una Ley definiría y precisamente, para eso dictaron la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005 que adicionó y modificó aspectos inherentes a la Defensoría del Pueblo que establecía la Ley 7 de 5 de febrero de 1997.

Si hacemos un análisis más detallado y profundo del contenido del artículo 129 de la Constitución Política que hemos transcrito antes, podemos notar que al referirse al Defensor del Pueblo, dice: “no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional…”, lo cual nos indicaría en estricto sentido constitucional, que ninguna autoridad, ni organismo, puede removerlo ni suspenderlo, excepto la Asamblea Nacional, por mandato y disposición del precitado artículo 129 de la Constitución; por una parte y por la otra, solo puede hacerlo por las causales establecidas en el artículo 11-B de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 adicionado por el artículo 8 de la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005.  Excepcionalmente y conforme a lo establecido por el numeral 4 del artículo 11 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 que fue modificado por el artículo  6 de la precitada Ley N° 41 de 1 de diciembre de 2005,  se produce la vacante absoluta del cargo de Defensor del Pueblo cuando exista en materia de delitos una sentencia condenatoria ejecutoriada, proferida por la Corte Suprema de Justicia, por delitos o faltas. Pero en este caso se produce la vacante por razón de la condena ejecutoriada por un delito cometido, en el caso de la Asamblea, ella está autorizada constitucionalmente para removerlo o suspenderlo, por causas que no constituyan delitos, pero que sean faltas graves de carácter administrativo.

Por tal razón, cuando la Asamblea Nacional concluya que una conducta del Defensor del Pueblo va más allá de una falta administrativa como la negligencia notoria, vale decir, cuando considere que ha cometido un delito, debe aplicarse el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 modificado por el artículo 10 de la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005, que dice lo siguiente:

Artículo 15. El Defensor o Defensora del Pueblo y su Adjunto no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policivas, sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia.

El juzgamiento del titular de la Defensoría del Pueblo y su Adjunto por la comisión de delitos, le corresponderá a la Corte Suprema de Justicia. (El subrayado y resaltado es nuestro)

De manera que ante la preexistencia de algún hecho delictivo que la Asamblea Nacional considerase que hubiese cometido el ciudadano Defensor del Pueblo – sin menoscabo de la amplia facultad administrativa que tiene de suspenderlo o removerlo por las dos terceras partes y por alguna de las tres causales señaladas en el artículo 11-B de la Ley  7 de 5 de febrero de 1997, adicionado por el artículo 8 de la Ley N° 41 de 1 de diciembre de 2005, – la actividad investigativa de un proceso penal que hubiere en su contra, correspondería al Procurador General de la Nación y su juzgamiento a la Sala Penal de la  Corte Suprema de Justicia, conforme lo establecen los artículos 482 y 40 del Código Procesal Penal de la República de Panamá. 

Es decir, si la Asamblea en vez de considerar la negligencia notoria en el ejercicio de sus funciones (que es de índole administrativa y no delictiva) como causal para la remoción del Defensor del Pueblo Alfredo Castillero Hoyos, hubiese considerado que existían conductas delictivas probadas en su conducta, el trámite le hubiese correspondido hacerlo en materia de investigación, a la Procuraduría General de la Nación (art. 482 del Código Procesal Penal) y su juzgamiento, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (art. 40 del Código Procesal Penal).  En el caso del señor Alfredo Castillero Hoyos, la Asamblea decidió removerlo por una causal de índole administrativa como es la negligencia notoria, para la que tiene plena facultad constitucional y legal.

Mientras que una remoción o suspensión decretada por la Asamblea Nacional – en ejercicio de la facultad política/administrativa que le otorga la Constitución y la Ley – solo puede hacerse por las tres causales señaladas en el artículo 11-B de la Ley  7 de 5 de febrero de 1997, adicionado por el artículo 8 de la Ley N° 41 de 1 de diciembre de 2005), en el caso del juzgamiento por delitos cometidos  por el Defensor del Pueblo, éste debe hacerlo la  Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al que se le  aplicarían, en cuanto al procedimiento, las normas propias del Sistema Penal Acusatorio contenidas en el Código Procesal Penal y en lo atinente a los hechos ilícitos (delitos) se le juzgaría por cualquier conducta o hecho delictivo descrito previamente como tal, en el Código Penal.  

En el  caso del Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, las acusaciones apuntaban a la negligencia notoria en el ejercicio de su cargo, pero también fue denunciado por graves actos delictivos, como el acoso sexual, extralimitación de funciones, omisión de sus deberes y otros.  La Asamblea Nacional, finalmente solo consideró para su remoción la negligencia notoria en el ejercicio de su cargo, para la que está plenamente legitimada (numeral 2 del artículo 11-B de la Ley de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, adicionado por el artículo 8 de la Ley  N° 41 de 1 de diciembre de 2005) y así expresamente lo señala la resolución administrativa de la Asamblea Nacional que ordenó tal acción.  En consecuencia, no observamos ni vislumbramos causa de inconstitucionalidad, ni de ilegalidad en la actuación de la Asamblea Nacional porque sus facultades descansan en el párrafo final del artículo 129 de la Constitución  que desarrollan de manera precisa y puntual los artículos 11-A y 11-B de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, adicionados por la Ley 41 de 1 de diciembre de 2005)  Tampoco encontramos violaciones al debido proceso, porque la Asamblea Nacional no realizó ni un proceso ni un juicio, sino un mero acto administrativo de remoción por una causal que constituye una falta grave, pero no un delito. 

Aunque no fue la causal o razón oficial de su remoción, para nadie es un secreto que lo más abominable, escabroso y escandaloso fueron las fotografías donde Alfredo Castillero Hoyos aparece desnudo, aparentemente en una habitación y que supuestamente fueron tomadas por la dama que le acusó de acoso sexual alegando haberse visto forzada a tener relaciones sexuales con el señor Castillero Hoyos por el acoso sexual al que fue sometida.   Entiendo que ella alegó que había tomado esas fotografías como pruebas para demostrar posteriormente, que había sido obligada mediante acoso a tener dicho encuentro sexual con su jefe, debido a las supuestas presiones a que éste la sometió.  De otra forma, hemos de preguntarnos ¿cómo y por qué una subalterna tiene consigo tan comprometedoras fotografías de su jefe?  Es evidente que la posesión de dichas fotografías en manos de quien aduce que fue obligada por acoso a mantener un acto sexual, revelan una prueba gravísima en contra del señor Castillero Hoyos.  ¿Cómo y bajo qué parámetros justificativos podría explicar dichas fotos el señor Castillero Hoyos?  Sin conocer si lo dicho por la denunciante es cierto o no y que tal hecho no fue la cusa o razón de su remoción, que un Defensor del Pueblo aparezca desnudo en unas fotografías, le resta toda autoridad moral para seguir ejerciendo tan alto cargo por cuanto la Constitución y la Ley  exigen como requisito fundamental para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo, “tener solvencia moral y prestigio reconocido” (ver numeral 5 del artículo 130 de la Constitución de Panamá, en concordancia con el numeral 5 del artículo 8 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, modificado a su vez por el artículo 4 de la Ley N° 41 de 1 de diciembre de 2005).  Muchos de los organismos como la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás instituciones, probablemente desconocen no solo el expediente de la Asamblea Nacional que contiene delicados testimonios y gravísimas pruebas, sino también las degradantes fotografías que no tienen justificación alguna.  Pese a que las fotografías constan en el expediente, debemos reconocer que los Diputados, en términos generales, no hicieron referencia a éstas,  mientras comparecía a la Asamblea Nacional el hasta entonces Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, el miércoles 9 de octubre de 2019. Suponemos que no hicieron referencias a tan comprometedoras fotografías porque la remoción se hizo con fundamento en la causal de negligencia notoria en el ejercicio de su cargo (para lo cual la Asamblea Nacional está plenamente facultada)  y no por acoso sexual que al ser un delito, su juzgamiento se hubiese tenido que producir por la Sala Penal de Corte Suprema de Justicia.  Aunque las fotografías como elemento de convicción aportado para sustentar la denuncia por acoso sexual no fueron el fundamento oficial de su remoción, su existencia como realidad social no pueden ser negadas, así como la cadena de hechos, testimonios y otras pruebas, resquebrajaron la autoridad moral del hoy ex Defensor del Pueblo Alfredo Castillero Hoyos, al punto que más daño se le hacía a la institución y al país dejándolo en el cargo, que removiéndolo.  La votación fue un reflejo de lo que el pueblo profundo sentía por tan impopular funcionario.  De 71 parlamentarios 65 votaron a favor de removerle (91.5%), dos se abstuvieron, tres estaban ausentes y solo uno votó en contra de la remoción.  Ésta resultó ser una de las decisiones de mayor consenso en la Asamblea Nacional por parte de todas las fracciones parlamentarias que la integran. ¡Qué forma más vergonzosa y deshonrosa de salir de un cargo!

Panamá, 10 de octubre de 2019

Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños

Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional)

Universidad Complutense de Madrid, Reino de España

Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)

Correo Electrónico: iantinorib@cwpanama.net

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=144960

El Dr. Italo Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001) y Doctor en Derecho (especializado en Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, hace un revelador y certero análisis sobre la entrevista al precandidato presidencial por libre postulación de ese caribeño país, el abogado Francisco Carreira Pitti

Oda al cinismo y a la desvergüenza

La entrevista que le hizo  el Diario “La Prensa” de la ciudad de Panamá, el domingo 16 de diciembre de 2018 – sección “Knockout” a cargo de Flor Mizrachi – al abogado y precandidato presidencial de grupos católicos y cristianos, Francisco Carreira Pitti, es realmente una oda al cinismo y a la desvergüenza.  Resulta peripatético y vergonzoso  que dirigentes católicos y algunos evangélicos que dicen luchar por la familia, por la moral y en contra del matrimonio gay y los movimientos LGBT, estén promoviendo al candidato Carreira Pitti que descaradamente acepta y dice lo siguiente:

1. Que ha tenido cuatro matrimonios y que, haber tenido cuatro matrimonios “le hace entender mejor la familia”.  La respuesta es de un cinismo inaudito. ¿Dónde quedan los valores y principios cristianos que ellos dicen defender? Entonces esa llamada “Alianza Panameña Pro Vida y Familia” que convoca marchas en defensa de la familia y cuyos dirigentes apoyan a Carreira Pitti, es hipócrita, mentirosa y desvergonzada. Todo ha resultado una gran farsa.

2. El señor Carreira Pitti acepta que en sus libros de adherentes se inscribieron menores de edad, pero lo justifica diciendo  que sus “activistas” inscribieron en sus libros a menores de edad, usando la llamada “cédula infantil”, que todos sabemos que la cédula juvenil no otorga mayoría de edad ni derechos ciudadanos para firmar como adherente de ninguna candidatura, razón por lo que tan torpe excusa reconoce la ejecución de un delito penal electoral que debería investigar de oficio la Fiscalía Electoral.  

3.  El señor Carreira Pitti acepta que ha presentado firmas de personas muertas, pero también lo justifica diciendo que hay activistas de firmas que tienen padrones viejos de elecciones pasadas “y llenan libros con personas que ya murieron”.  La frase es de antología jurídica pues constituye la confesión de otro delito penal electoral, pues en el proceso de recepción de firmas la persona debe firmar personalmente y es obvio que un muerto no lo puede hacer, por lo que lo ocurrido significa que están fabricando dolosamente, firmas en los libros de adherentes a nombre de otros, lo cual es un delito penal electoral.  La situación que se revela es muy sencilla: en su campaña se estuvo firmando a nombre de personas muertas.

Le han rechazado el 71% de sus firmas entre las que hay menores y muertos. Es una vergüenza mayúscula para los grupos católicos y evangélicos que una persona que los representa, justifique actos de tan baja moral y que se jacte, además, de representar a esos grupos y a los valores cristianos que, precisamente, él con sus actos no representa. Ante estos hechos, nos preguntamos ¿dónde queda la moral cristiana? Todo resulta un contrasentido y un despropósito.  Así también es repudiable y evidentemente censurable que el candidato Carreira Pitti se jacte de las marchas que se han hecho contra el Lobby gay y los movimientos LGBT y las exprese o insinúe como supuestos activos de su campaña política.  Como quiera que fue el candidato escogido por grupos de la “Alianza Pro Vida y Familia” y por grupos católicos y cristianos, como candidato a la Presidencia de la república, tal hecho nos revela la podredumbre moral e hipocresía clerical que anida en muchos de estos grupos, al escoger a quien representa los antivalores cristianos.  Como todos saben, no estoy de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo.  Lo hemos escrito, lo hemos sustentado y lo hemos manifestado públicamente, de manera precisa, directa y sincera.  Sin embargo, después de analizar la conducta del abanderado presidencial católico/cristiano, el candidato Carreira Pitti, percibo y vaticino que la aprobación del matrimonio gay en Panamá será cuestión de tiempo porque los que luchan contra los LGBT y apoyan al candidato Carreira Pitti, luego de tan cantinflesca como clarificadora entrevista, se revela que NO TIENEN AUTORIDAD MORAL alguna. Apoyar a una persona que representa los antivalores que dicen defender, arrastra al foso del desprestigio y del descrédito a todo aquél que le respalde.  Por ello y por elemental objeción de conciencia, no podemos estar de acuerdo con farsas, con comedias bufas, con acciones cínicas ni mucho menos, con apoyar a individuos que piden y exigen a los demás, ser lo que no son: ejemplos morales.

Una cosa hay que agradecerle a Flor Mizrachi: haber hecho la verdadera radiografía de la realidad que muchos desconocían y que  habíamos advertido hace algunos meses, sobre la inconveniencia de la candidatura del señor Francisco Carreira Pitti.

Ver la peripatética entrevista del  candidato presidencial de los hipócritas grupos cristianos:

https://laverdadhispanoamerica.blogspot.com/2018/12/entrevista-al-precandidato-presidencial.html

Panamá, 16 de diciembre de 2018
Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños Murgas Alvarez

Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional)

Universidad Complutense de Madrid, Reino de España

Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)

Correo Electrónico: iantinorib@cwpanama.net

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=144960

Profundas reflexiones del Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Italo Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de Panamá, sobre el verdadero sentido y función de un servidor público y la labor de los medios de comunicación

Una, dos y tres reflexiones por la Patria

Dr.  Italo Isaac Antinori Bolaños (*) 

Es imprescindible hacer algunas reflexiones. Por ahora, solo tres, quizás después nacerán otras… Primera reflexión: Es fundamental que en todo Estado exista el periodismo libre, sin cortapisas ni censuras, ejercido de forma respetuosa y valiente, pero apegado a la verdad y sin afectar honras ni la dignidad humana – no importa la orientación que tenga – para que la información fluya libremente y los ciudadanos podamos ejercer algún tipo de control sobre los actos de los servidores públicos. El control se ejerce de distintas maneras, formas y sentidos. Una de ellas apunta a la responsabilidad moral y política que ocurre cuando la sociedad reprueba masivamente la conducta del funcionario público, creando una presión sistemática sobre las estructuras del poder, tal cual fue el caso del ex Magistrado Alejandro Moncada Luna.  El servicio público requiere una formación y exige una actuación muy particular y transparente de modo que no se generen dudas sobre la gestión que se ejerce, ni en el ámbito o esfera pública, ni en las actuaciones privadas. Ser funcionario público es un servicio a la nación y un apostolado para con la Patria… Requiere la abstención de acciones, gustos, ocio y actuaciones que en la vida privada se podrían hacer sin mayores consecuencias. Cuando se ostenta un cargo público – sobre todo cuando es de relevancia – hay que ser cuidadosos y suspicaces para que una actuación que se asuma, no pueda ser interpretada como un hecho derivado de una actuación deshonesta, ligada a la corrupción o al enriquecimiento ilícito. Le corresponde, de inmediato, al Servidor Público, hacer las explicaciones y dar amplias satisfacciones y pruebas de su conducta, siempre y cuando ella, no haya sido ejecutada con dolo, corrupción o protervia y no quede un ápice de duda.  Por ello, al generarse la crítica, el funcionario debe explicar de inmediato, sin soberbia, irreverencia ni menosprecio, intentando que no quede rastro de dudas sobre lo que hizo o pudo haber hecho y cuál es la justificación lógica de su actuación de modo que se aclare si en verdad lo realizado está alejado de cualquier acto de corrupción.  Lo que no debe hacer es callar, con un silencio petulante, porque ello equivale a dibujar con su actitud, lo poco que le importa lo que opine o piense el pueblo… Y resulta que cuando se es Servidor Público el empleador es el pueblo a quien se deben satisfacciones y amplias explicaciones o aclaraciones de una conducta de modo que no queden dudas, ni tampoco perplejidades que apunten a señalar o configurar acciones aviesas.  Es la aclaración y explicación oportuna, hecha de forma amplia y no mezquina, la que se impone como un deber, de modo que supere cualquier duda.  Segunda reflexión, hemos de coincidir en que no es el confeso ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Alejandro Moncada Luna, el único corrupto en el servicio público. Si bien Moncada ha sido, es y será una vergüenza nacional, su condena como delincuente confeso – después de un publicitado proceso penal – hace más exigible una conducta rectilínea de los servidores públicos en general, para que sus acciones sean apegadas a la Constitución y a la Ley y no haya desviaciones o veleidades propias de las esferas del poder. Tal como hemos sostenido en repetidas ocasiones y como un ejemplo especifico – a la fecha, la configuración de la Corte Suprema de Justicia, es un nauseabundo lodazal de inmundicias, que desde hace años ansiamos que se limpie para el bienestar el país.  No olvidemos que así lo han reconocido al menos tres de sus Magistrados en distintos momentos.  En 1985, nuestro apreciado profesor de la licenciatura en derecho (Facultad de derecho de la Universidad de Panamá, 1976),  Camilo O. Pérez, lo denunció cuando, siendo Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo púbicamente que en Panamá “la justicia es un potrero lleno de garrapatas”. Veinte años después, en el 2005, también lo hizo el entonces Magistrado Adán Arnulfo Arjona y recientemente, en el 2014 en enero de 2016, lo ha hecho valientemente el Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.  Los tres crearon una turbulencia moral y ética en Panamá, pero más allá de esa perturbación social y conjunto de reproches más dirigido a los que hablaron que a los granujas, no ocurrió nada porque – aun sin deponer la lucha – hemos de reconocer que los conciliábulos, maquinaciones y tentáculos de los poderes fácticos, por ahora, imponen su voluntad sobre la de la inmensa mayoría del pueblo, que está pidiendo a gritos – tanto en Panamá como en muchos otros países – cambios, renovación y regeneración y un sentido diferente de entender la organización del Estado, porque saben muy bien que el modelo está agotado, asfixiado y parece haber llegado, indubitablemente, a su fin. Comprenden que hay que hacer algo, pero aún no identifican cuál exactamente es  la forma, el mecanismo y cómo se deberían articular las cosas para lograr tan alto objetivo.  Tercera reflexión, debemos insistir en que realmente los pueblos tienen lo que se merecen, lo que quieren o lo que mayoritariamente escogen.  Si bien esas son las reglas básicas de la democracia electoral, no es menos cierto que a cada generación le corresponde el compromiso y el deber de luchar para y por la  verdad y la justicia.  No es un asunto de partidos ni de grupos de presión, ni de colectivos sociales.  Esos tintes diversos quizá nos dividen de un objetivo mucho más profundo y concreto que apunta hacia la reforma del Estado y la sumatoria de ciudadanos con sentimientos y convicciones diferentes en el escenario nacional.  Es un asunto de convicción íntima y profunda, es la voluntad de unirnos para producir una reforma profunda e integral del Estado, de modo que todos los vicios e ineficacias estructurales puedan ser reparadas, corregidas y las grietas que se divisan en el edificio del Estado, sean reparadas sin mayor dilación.  Por tanto, no hay duda alguna de que, si los que queremos un amanecer diferente decidiéramos unirnos fraternalmente, en un proyecto diferente con ciudadanos realmente honestos que tengan el apostolado social por la Patria y  ajenos de los políticos tradicionales, alejando el egoísmo y acercando el amor por la patria, pudiéramos abrir las grandes alamedas para un país diferente.  No es ser de derechas, centro ni ser de izquierdas, es una unión maravillosa de compromisos comunes, alrededor de un grupo de ciudadanos diferentes y convencidos… Basta sólo con unirnos.  Bastará solo con no robar, ni animar corruptelas, solo se trata de actuar con absoluta honestidad y buscar el bienestar común.  Definitivamente que bastará sólo con una voluntad decidida, para poder hacerlo…

29 de marzo de 2016.

(*) El autor es Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, Reino de España y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)

El constitucionalista complutense y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, Dr. Italo Antinori Bolaños, se pronuncia sobre el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado en la región de Chiriquí, Panamá

Reflexiones sobre la hidroeléctrica de Barro Blanco en Tolé, Chiriquí, República de Panamá

El Dr. Italo Antinori Bolaños, en el año 2000, entonces Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, junto al Cacique General de toda la Comarca Ngobe Buglé, Camilo Ortega, y ante una multitud de más de 10 mil personas de grupos originarios Ngobe Buglé que se concentraron en defensa del ambiente y en absoluto rechazo a la Hidroeléctrica de Barro Blanco, que entonces denominaban Proyecto Hidroeléctrico Tabasará I y Tabasará II.  El Dr. Antinori siempre fue solidario con la lucha del pueblo Ngobe Buglé y ha sido el único panameño que fue declarado Hijo Meritorio de toda la Comarca Ngobe Buglé, que se asienta en las tres provincias Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. (Nota de La Verdad y foto de archivo que aparece en la publicación del Dr. Italo Antinori sobre las irregularidades del Estudio de Impacto Ambiental de dichos proyectos)

Como creo haber dicho en muchas ocasiones, soy del criterio que la hidroeléctrica sobre el Río Tabasará, denominado “Proyecto Barro Blanco” (situado en el Distrito de Tolé, provincia de Chiriquí a 370 kilómetros al occidente de la ciudad de Panamá), es un verdadero caos y un desastre ecológico y social.  Como toleaño, conozco bien la región y como Primer Defensor del Pueblo de la Republica de Panamá (1997-2001) atendí tan grave problema, razones más que suficientes para manifestar que estoy convencido que la hidroeléctrica debe ser suspendida definitivamente. Las consecuencias ambientales son horrorosas pues el Río Tabasará - otrora un gigante - ahora es un débil riachuelo que no irriga bien zonas aptas para la agricultura y la ganadería al sur de Tolé. Necesitamos agua que es vida, que es esperanza... Como acertadamente dicen los hermanos Ngobé-Buglé (pueblo originario) de la región de Tolé, la humanidad podría vivir sin energía eléctrica pero jamás sin agua.  No puede ser que un problema que no provocó el actual Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela (2014-2019), ni su gobierno ni su partido Panameñista en el poder (lo hicieron gobiernos que le antecedieron), genere una insalvable fractura social entre aquellos y el pueblo Ngobe Buglé y campesino. La empresa  en la que están metidos cuestionados personajes de Panamá, algunos como Virzi, Btesh, - y se dice que el propio expresidente Ricardo Martinelli - violó desde el principio el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que aseguraban que cumplirían.  No sólo lo transgredieron, sino que se burlaron del pueblo pues ponían el nombre de un campesino asegurando que éste aceptaba el proyecto y consentía vender sus humildes tierras, pero al investigar como Defensor del Pueblo, resultó que el campesino había muerto 25 años atrás. Y así fueron innumerables los casos que encontramos de mentiras que hacían pasar por supuestas verdades. Por ello publiqué un libro, hace 15 años, de 127 páginas, donde demostré todas las irregularidades, incongruencias e inexactitudes del Estudio de Impacto Ambiental, que es el mismo que ahora usan. Aunque muchos no compartan mi criterio,  clamo y suplico que liberen al río, que le quiten la celda nociva que los humanos llamamos compuertas... Déjenlo correr para que riegue la maravillosa tierra que tanto lo ansía y recorra los kilómetros, libre, vigoroso y potente para llegar y abrazar al mar...  Ah… en verdad estoy compungido y tengo el alma hecha jirones porque hace pocos días estuve por Tolé y ver al Río Tabasará en pleno invierno chiricano – enjaulado y aprisionado por la ambición desmedida de unos cuantos que tienen como “dios” al dinero – me ha causado honda tristeza.  Probablemente mis conceptos serán desechados y hasta menospreciados por algunos que prefieren hablar de la “seguridad jurídica” del proyecto, pero conveniente e irresponsablemente soslayan referirse a la importancia del agua para la vida. Por eso no puedo dejar atragantadas mis ideas que rugen en las entrañas de mi alma como fieros leones que se niegan a ser doblegados… Por eso hablo y por eso escribo, sin cortapisas ni ambages versallescos, que solo buscan adornar frases, para deleitar a los poderosos.  Como soy un idealista confeso e incorregible, no dejo de pedirle a Dios para que más temprano que tarde nos permita vivir en la esperanza de una patria mejor… 

Pero si al final, los poderes reales hacen que se mantenga la celda que aprisiona al río, pronostico que en un tiempo - que sólo Dios podrá determinar - habrá más sangre de la que ya se ha derramó durante el gobierno de Ricardo Martinelli, que se confundirá con la corriente del histórico y ahora escuálido Río Tabasará… 

Como conozco el lugar donde nací, así como a su gente, sé que nunca habrá paz social y las consecuencias serán impredecibles, tal como lo vaticiné hace más de 15 años y así ha ocurrido... Excusen mi brutal sinceridad, pero ese es uno de mis defectos, decir lo que siente mi corazón, lo que anida en mi alma...

Panamá, 16 de junio de 2015. 

Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños

Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional)

Universidad Complutense de Madrid, Reino de España

Correo Electrónico: iantinorib@cwpanama.net

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=144960

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL ESFUERZO DE UN GRAN DEFENSOR. Una de las entonces asistentes del Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, Dr. Italo Antinori, se refiere a su labor al frente de la institución.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL ESFUERZO DE UN GRAN DEFENSOR

Lcda. Xenia Solís Bravo

Abogada

2 de febrero de 2000. Ese fue el día que entré por primera vez en las primeras oficinas de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.  El sitio, para ser una oficina pública, era impresionantemente limpio y funcional.  Tenía el aspecto de un banco privado.  Sin embargo, todos los funcionarios que me atendieron, la mayoría jóvenes estudiantes de Derecho como lo era yo en esos momentos, lo hicieron de manera atenta, eficiente y diligente.  Allí en recepción se tomaban las quejas de las personas que acudían personalmente.  Una vez se les tomaban los datos y se escuchaba su problema, se les daba un documento con el número de ingreso de la queja y se les brindaba orientación adicional.  Señoras de mantenimiento pasaban revista de los baños cada 15 minutos.  Había un garrafón de agua embotellada disponible para el público, café, té y galletas.  Quienes allí esperaban para presentar una queja eran primero atendidos por una diligente y agradable funcionaria quien les escuchaba atentamente.

Gracias al envío de una hoja de vida a un apartado postal, fui llamada para laborar en la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, bajo la excelente y única gestión del Primer Defensor del Pueblo, Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, quien me dio la oportunidad, increíble y maravillosa para mí, de formar parte de aquél bastión de lucha por los derechos humanos de los panameños.  El Dr. Antinori ha sido un gran maestro para todos los que tuvimos el honor de trabajar con él y hacer historia, como precursor de la institución en Panamá.  No sólo aprendimos de él en los temas del derecho, sino en lo más importante.  Aprendimos con su ejemplo, a tener una mística de trabajo por la defensa de los intereses de los más necesitados en este país.

Todos saben que el Dr. Italo Antinori fue el Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá.  Todos saben que es un hombre independiente, contestatario, de fuerte personalidad, así como de carácter, además de polémico y valiente.  Pero pocos saben todo lo que tuvo que pasar para que las primeras oficinas de la Defensoría del Pueblo pudieran ser abiertas. Los esfuerzos por sacar adelante la institución comenzaron desde que tomó posesión como Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, momento en el cual comenzaba a contar el término de seis meses que, decía la Ley N° 7 de 5 de febrero de 1997, tenía para montar las oficinas de la institución. Pero, dada su independencia de criterio, que siempre ha sido una característica de la recia personalidad del Dr. Antinori, el gobierno de entonces no le brindó los recursos necesarios para instalar y organizar la institución, y esos primeros 6 meses tuvo que trabajar desde su casa.  La labor fue titánica.  El presupuesto le fue otorgado por dicho gobierno cuando ya era muy tarde para contratar bienes y servicios y debido a la presentación en casa del Primer Defensor del Pueblo, del entonces Subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Hamilton, en septiembre de 1997.  No obstante, el Dr. ltalo Antinori Bolaños aportó dinero de su peculio famillar para instalar unas estupendas oficinas que por su orden y diseño óptimo, y con las últimas tecnologías, fueron destacadas como ejemplo para toda Latinoamérica.  Esa cuenta de gastos jamás se la ha cobrado al Estado.  El orden característico del Dr. Antinori también se vio reflejado en el eficiente funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.  Dejó una institución eficaz, con todos sus procedimientos instaurados y que funcionaban impecablemente.  Y eso que solo contaba con un presupuesto de 2.7 millones de dólares, mucho menos en comparación con el presupuesto que ahora ostenta la institución y, a pesar de ello, la oficina ha perdido su fuerza.  Me asombra cuando ahora veo la inacción de la Defensoría del Pueblo y pienso en que yo fui testigo de la austeridad de la administración del Dr. Antinori para gastos desmedidos con el fin de poder utilizar los recursos en publicaciones, en la investigación de las quejas y en la atención del público.  Una de sus valiosas ejecutorias en la Defensoría del Pueblo fue la campaña de educación en valores y de los derechos humanos de las personas que llevó adelante durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la institución y, a pesar que en su momento recibió críticas, todavía hoy todos esos libros y campañas, son referencia obligada en materias como los derechos y garantías fundamentales, la ecología y el medio ambiente y la salud.  Recuerdo muy bien que, quien sucedió al Dr. Antinori en el cargo de Defensor del Pueblo pidió más de una auditoria a la Contraloría General de la República y en todas se demostró la rectitud y honradez de la gestión del Dr. Antinori.  Tanto así que tengo entendido que los auditores de la Contraloría pidieron que no les hicieran perder más tiempo con dichas auditorias…  Y a pesar del pequeño presupuesto y de los constantes ataques de políticos y los poderosos económicamente, incómodos por sus pronunciamientos a favor de los derechos de las personas, el Dr. Antinori nunca eludió sus funciones, jamás dejó de atender una queja o de investigar de oficio situaciones irregulares.  Para luchar por el pueblo, no le detenían ni le han detenido nunca consideraciones políticas ni económicas; solo le movían su fe hacia Dios, el amor al prójimo y la convicción de que las personas debían sentir sus ansias de justicia saciadas.  Algunas voces malintencionadas y con matices de índole político, le atacaban señalando que tenía “ansias de figuración”, de “querer meterse en todo”.  Pero no se trataba de eso, sino de que la Defensoría del Pueblo está para atender a la gente en cada una de sus quejas.  Siempre nos decía a todos sus colaboradores que nosotros éramos los abogados del pueblo y que al menos las personas debían sentirse bien tratadas en la Defensoría del Pueblo, que es su casa, pues es la institución creada precisamente para que, quienes no tienen voz, la tuvieran. A todos nos enseñó una mística de trabajo que predicaba con el ejemplo. Y es que, en esa brega llena de amor por la gente y por reivindicar sus luchas, el Dr. Antinori era incansable. Secretarias y asistentes teníamos que turnarnos. Nos íbamos a dormir y él continuaba trabajando. Llegábamos a la mañana siguiente y allí estaba todavía. Ni siquiera se detenía aunque su salud se viera comprometida.   Hoy quiero compartir algo que nunca olvidaré y que guardo como un recuerdo permanente.  Eran tantas las quejas que se recibían, que el Dr. Antinori tenía que firmar cientos de expedientes diariamente con las resoluciones de admisión y demás.  Él leía todas y cada una de la páginas de cada expediente y las firmaba una por una.  Fueron varias las veces que permaneció hasta cinco o seis días en la institución donde tenía instalado un modesto baño completo con ducha.  También había un disimulado closet, donde su esposa le tenía ropa para cambiarse y artículos de limpieza y aseo personal.  Su esposa, la Dra. María Eugenia B. de Antinori tenía que ir a verle y llevar a su hija María del Mar y al recién nacido Gian Piero, para que vieran a su papá.  Y no fue una la noche en que María del Mar (quien se había aprendido los números de teléfono) llamaba a la Defensoría del Pueblo, llorando porque quería ver a su padre.  Me correspondió varias veces irla a buscar a la casa y llevarla hasta el despacho de su padre, donde jugueteaba mientras éste revisaba expedientes.  Cuando se cansaba se dormía en un sofá de la oficina del Defensor y éste le ponía como manta su propio traje (la parte superior de su saco).  No fue una la ocasión en que funcionarios de la institución vimos al Dr. Italo Antinori, salir de la oficina rumbo a su automóvil a las siete y treinta de la mañana (rumbo a su casa y para regresar en dos horas) llevando, al hombro, cargada a su hija María del Mar.  ¡Eso era vocación y mística de servicio y entrega a  la causa de la justicia!

Y así lo aprendimos todos, a tratar con especial atención y con denodada justicia y solidaridad hacia el prójimo, cada queja y cada problema que nos presentaban las personas.  Siempre recuerdo con especial cariño la gira de trabajo y de asistencia médica que el Dr. Antinori coordinó junto con su esposa, la Dra. María Eugenia Barnett de Antinori, a un olvidado poblado indígena ubicado en Rambala, en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.  Fueron mis propias compañeras de trabajo, profesionales del derecho y de otras carreras, quienes con mucho amor lavaron las cabezas de los niños indígenas para aplicarles los medicamentos contra piojos y otras enfermedades.  Y lo hicieron sin ningún rictus ni ningún tipo de oposición ni aversión.  Al contrario, el entusiasmo de todos era palpable.  Enseñanzas como esa resultaron valiosísimas en la formación de mi carácter personal y profesional.  Esta acción y otras más de su excelente labor, pueden apreciarse hoy día en Youtube.  Sobre el caso de Rambala, Bocas del Toro, puede verse: http://www.youtube.com/watch?v=bwZXutyMYtY   Nada le detenía cuando se trataba de cumplir con sus funciones, de hacer su trabajo de la mejor manera. Aquella ocasión en la que inició delicadas e importantes reuniones para lograr la liberación de Nicolás Pérez, panameño secuestrado por el grupo insurgente de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), muchas personas le preguntamos por qué lo hacía, sabiendo el peligro que representaba para su vida y que corría ese riesgo tan grande de dejar viuda a su esposa y huérfanos de padre a sus dos hijos aún muy pequeños. Nos manifestaba que lo sabía y que eso le preocupaba mucho, pero que tenía que hacerlo, que ese era su deber como Defensor del Pueblo y que no podía él también, abandonar a ese panameño al que ya habían abandonado todas las autoridades del Gobierno que debían haber hecho algo por él. Y con empeño, dedicación, y mucha inteligencia, logró convencer al grupo guerrillero, que le entregaran al señor Pérez. Y eso nos llena de orgullo y de admiración, porque alguien que tuvo la inteligencia y la sagacidad suficiente para lograr convencer a un feroz grupo guerrillero colombiano, de que le entregaran a un panameño olvidado por el gobierno de entonces, como un acto humanitario, no cabe duda que debe ser una persona sabia y valiente. (Ver: http://www.youtube.com/watch?v=4_vX2pk8vTo)

Todo cambió una vez terminó la gestión del Primer Defensor del Pueblo.  Los siguientes Defensores del Pueblo se han caracterizado por la inacción, la apatía y el tratamiento con un sesgo político de algunos temas.  Me uno a las palabras del Ing. Cristóbal Silva, quien escribió tanto en el Diario Panamá América como en La Opinión de Panamá (20 de julio de 2013) Ver: https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/quien-defiende-al-pueblo-889059  sobre este tema y señaló que “después del Primer Defensor, Italo Antinori, la actuación de la Defensoría exhibió poca capacidad para cumplir el papel que le asigna la Ley 7. Los defensores escogidos no han sido muy efectivos ante las situaciones que exigían una participación activa.”  Luego de la excelente y notable administración del Dr. Italo Antinori, no ha habido otro Defensor del Pueblo.  Como él ha manifestado, los políticos al principio no sabían lo que significaba la institución.  Luego la conocieron tanto que la capturaron para apagarla y restarle fuerza.   El abogado que sucedió al Dr. Antinori en el cargo como Defensor del Pueblo, por ejemplo, promovió cambios en la Ley de la Defensoría del Pueblo que la hicieron vulnerable a los lineamientos de la Asamblea Nacional de Diputados, una institución eminentemente política.  Además, borró la memoria histórica de la institución; quitó la página Web (que fue  hecha por el Dr. Antinori con la colaboración de los funcionarios de la institución y no costó ninguna jugosa consultoría) junto con toda la valiosa información de las quejas que allí se publicaban; eliminó el logo original; destituyó funcionarios que habíamos sido capacitados para el trabajo y, además, mencionar el nombre de Italo Antinori era casi motivo de destitución.  En fin, que en todos los sentidos bajó el perfil de la oficina.  A partir del segundo Defensor del Pueblo todos los siguientes continuaron en esa inacción, en gestiones refrigeradas y en actividades en salones de hotel que nada tienen que ver con la atención directa a las quejas de las personas que hacía el Primer Defensor del Pueblo en sus giras de trabajo por el país y en sus reuniones para atender personalmente muchos de los temas que le planteaban.

Como parte de su equipo de trabajo, pudimos acompañarle por todo el país, por cuanto realizaba giras para irradiar la institución en la población y para verificar  y dar solución a los graves problemas sociales que encontraba por todas partes. Y una de las cosas que más admiro en el Dr. ltalo Antinori Bolaños es esa sinceridad y el interés con el que trató cada caso y con el que atendió a cada persona que acudía a él. Con su inteligencia, podía encontrarle alguna solución a las quejas que le presentaban, pero fueron tantas las veces en que encontró mucha reticencia y entorpecimiento por parte de las autoridades gubernamentales, a veces solo por el prurito de darle la contra a la persona del Dr. Antinori porque creían que les adversaba de manera política, cuando éste lo que quería era una solución para quien le había puesto la queja. Muchos de estos funcionarios públicos, solo con el paso del tiempo y al ver la inacción de sus sucesores, fue que pudieron comprender sus actuaciones como Primer Defensor del Pueblo. Muchos ahora han entendido que al Dr. Italo Antinori Bolaños no le interesan ni le detienen amarres políticos, ni económicos ni de clase social, que lo que siempre le inspiró, tanto en su paso por la Defensoría del Pueblo como en su vida personal y profesional, es el logro de la justicia para quienes la necesitan, sin importar a qué grupo responde o pertenece.

Dicha desidia e inercia de los siguientes Defensores, que ha llegado a puntos escandalosos porque hemos conocido las actuaciones sometidas a investigación por parte de la recién separada Patria Portugal, nos deja hoy ante una institución que, lamentablemente, ha perdido el camino y la identidad.  El pueblo panameño se merece que la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá vuelva a ser bastión y cobijo a favor de los derechos humanos.  Nos merecemos que la institución vuelva a ser respetada, que vuelva a gozar de rectitud y transparencia y que sea columna de lucha contra la corrupción, tal como la dejó funcionando Italo Antinori Bolaños: un gran Defensor del Pueblo.

El Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, el constitucionalista Dr. Italo Antinori Bolaños, recibió en su casa - convertida en oficina temporal de la institución - al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Hamilton, el 10 de septiembre de 1997

Ante la negativa del gobierno panameño de ese entonces, de otorgarle presupuesto al Primer Defensor del Pueblo para que iniciara la apertura de las oficinas de la institución, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos de América, John Hamilton, invitado en el país para asistir al Congreso sobre el Canal de Panamá, visitó al Dr. Italo Antinori Bolaños en su residencia, convertida temporalmente en la oficina de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.  Medios de la República de Panamá y de otros países, recogieron la noticia:

Panamá, miércoles, 10 de septiembre de 1997

 

Antinori se reúne con subsecretario de EU

Hermes Sucre Serrano

De La Prensa 

El Defensor del Pueblo, Italo Antinori, reiteró ayer en reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Hamilton, su compromiso de actuar con absoluta independencia, imparcialidad y sin permitir presiones políticas que lo puedan desviar de la misión encomendada.  Ante la falta de una oficina de la Defensoría del Pueblo, Hamilton, quien quedó al frente de la delegación norteamericana que asiste al Congreso del Canal, no le quedó más remedio que visitar la residencia de Antinori, donde se ha improvisado un despacho que ya ha recibido 102 quejas.  La temática de la reunión giró en torno a los planes, los objetivos y las esperanzas que tiene la Defensoría de convertirse en una institución que preste auxilio a los nacionales y extranjeros que sufran violaciones a sus derechos humanos y libertades individuales.  El constitucionalista admitió que la Defensoría del Pueblo nació desamparada por el Ministerio de Planificación, quien hasta el momento se ha mostrado renuente a dotar los recursos que se requieren para trabajar.  “Siento que hay dificultades. Debo confesarle que yo no esperaba estas dificultades hasta este punto. Tengo la esperanza que estos tropiezos iniciales se resolverán”, recalcó.

Dijo que la próxima semana se reunirá con los periodistas para mostrar documentos que avalan su posición frente a las irregularidades presupuestarias que hay. “Reconozco que ningún camino es fácil de recorrer'', anotó. Antinori confía en que la posición independiente que ha mantenido hasta el momento no ha dado motivo alguno para que se le nieguen los recursos de personal, equipo y de local que se requieren para comenzar a atender las quejas de los panameños. A su juicio, a nadie le debe extrañar la autonomía que siempre debe mantener la Defensoría del Pueblo, ya que cuando la Asamblea aprobó la ley, que posteriormente fue refrendada por el Ejecutivo, se estaba claro en que la nueva institución no estaría supeditada a ninguna otra autoridad.

¿Cómo fui elegido Defensor del Pueblo? Relato en primera persona del Dr. Italo Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)

Artículo de opinión del constitucionalista Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, cuando cumplía con su gestión como Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, en el que explica cómo fue su elección para tan alto cargo.  Se cita el artículo tal cual fue publicado en el diario panameña La Prensa, el lunes 5 de marzo de 2001.

 

Panamá, lunes 5 de marzo de 2001

 ¿Cómo fui elegido defensor del Pueblo? 

Mireya Moscoso fue honesta, correcta y solo me puso como condición actuar con independencia y ayudar a los más pobres del país

Italo Isaac Antinori Bolaños * 

Para justificar lo que consideramos una evidente politización de la elección del defensor del Pueblo, algunos han echado mano al ataque personal y a tratar de desfigurar cómo resulté elegido primer defensor del Pueblo. De forma ofensiva han llegado a decir que la “única” credencial con que conté para ser elegido fue ser amigo de Tomás Altamirano Duque. Por tal razón, para que no se distorsione la verdad de lo que ocurrió en junio de 1997, haremos algunas aclaraciones porque creo que lo que está en juego en estos días es el futuro de una institución que está destinada a servir a los más necesitados y a los que no tienen voz.

Están en juego las futuras elecciones para un cargo cuyo titular deberá servir al país con independencia de quien ejerza el poder político y sin que la filiación política sea el factor que determine la actuación del defensor del Pueblo, tal como lo hemos demostrado con nuestras actuaciones. En primer lugar, lo que se discute es la actual elección, por ello, consideramos que referirse a situaciones que ocurrieron, casi cuatro (4) años atrás - desfigurando los hechos - es un intento por desviar la atención sobre la verdadera esencia del problema que es la actual elección que algunos políticos pretenden convertirla en un botín para hacer de ella parte del intercambio de activos.

En junio de 1997, los 52 candidatos que competíamos por el cargo, fuimos presentados al pleno. Todos luchamos por obtener los votos después de haber sido sometidos a audiencias públicas, en las que no solo los miembros de la Comisión de Derechos Humanos estaban presentes y hacían cuestionamientos, sino que también estaban presentes, el público que ingresó sin restricciones, así como los medios de comunicación, pudiendo igualmente interrogar libremente a los candidatos. Las audiencias de cada uno de los 52 candidatos fueron transmitidas en vivo y posteriormente en diferido por Canal Once, a fin de que la sociedad pudiera apreciar el pensamiento de cada uno de los aspirantes. Nada de esto ha ocurrido en la presente elección, puesto que lamentablemente las audiencias han sido a puertas cerradas, con lo cual se ha impedido que la comunidad conozca el planteamiento de los aspirantes a Defensor del Pueblo. Además, es ahora una fracción del parlamento constituida por 7, de los 71 legisladores, la que predeterminará -sin que se haya explicado previamente a la comunidad el método de ponderación o baremo- quiénes estarán dentro del grupo de los seleccionados y favorecidos que pasarán al pleno de la Asamblea, lo que impedirá que la comunidad pueda juzgar si en verdad se trata o no de los mejores candidatos, cuando en la anterior elección, sin exclusiones de ningún tipo, los 52 candidatos fuimos sometidos al escrutinio de la comunidad y del pleno de la Asamblea Legislativa. Durante la elección de 1997, ni el PRD ni ningún otro partido político respaldó o tuvo candidato oficial. No hubo recomendaciones de ninguna comisión política de partido alguno, que sugiriera ternas o que recomendara algún nombre. No hubo acuerdos entre partidos para la designación del cargo.

Por ello, no consideramos justo que se pretenda desvirtuar o distorsionar la forma en que fui elegido. Nuestra amistad con el señor Altamirano Duque y sus hermanas, ha sido de carácter personal y profesional, por cuanto antes de ser defensor del Pueblo, fui su abogado. En esta amistad no hubo ni hay nada de pecaminoso. El respeto de nuestras propias convicciones y diferencias ha sido la base de la amistad. En lo político, no hubo ni hay vinculaciones ni coincidencia entre el licenciado Altamirano Duque y mi persona. El es miembro del PRD y una de sus hermanas es esposa del actual vicepresidente de la República, quien pertenece al Partido Arnulfista. En lo personal, nunca he sido miembro de ningún partido político, ni he sido candidato a ningún puesto de elección popular. Mis credenciales de apoliticismo, de doctor en derecho (especializado en derecho constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, título que obtuve con las máximas calificaciones, el tener estudios de postgrado en derechos humanos y en estudios internacionales y mi licenciatura en derecho, fueron en su momento debidamente expuestas ante la Asamblea Legislativa, al igual que lo fueron los muchos artículos, publicaciones hechas y mi condición de profesor para el doctorado y maestría en derecho, dentro y fuera del país.

En junio de 1997, el partido PRD tenía 28 legisladores. En mis análisis y estrategias sabía de antemano - tal como ocurrió- que, al no haber candidatura oficial, el PRD y sus aliados dividirían sus preferencias entre varios candidatos. Según consta en el acta -cuya copia tengo- el día de la elección y en la primera vuelta, el suscrito logró 42 votos, Graciela Dixon logró siete votos, Jaime Padilla González, siete votos, Irma Mollick, cuatro votos, Luis Vergara, dos votos, y un voto cada uno lograron, Ulises Pittí, Ramón Castellanos, Ramón de Río, Abdiel Díaz Him, Santiago Gómez Montenegro, Alejandra Ramos de Trejos y Santander Tristán. Ante la previsible atomización del voto, era lógico que, quien consiguiera los votos de los entonces partidos de oposición, ganaría el cargo. Por tal razón, me entrevisté personalmente con doña Mireya Moscoso -líder de la oposición- a quien expuse mi plan de trabajo y a quien le prometí independencia en mis actuaciones. Durante la larga entrevista, ella me escuchó detenida y serenamente. En la situación en la que estaba, en la que dependía de los votos de su partido para ganar, pudo haberme condicionado el apoyo, pedirme puestos o espacios políticos; sin embargo, doña Mireya fue honesta y correcta, y solo me puso como condición actuar con independencia y ayudar a los más pobres del país. También conversé con el doctor Joaquín Fernando Franco, quien como gran caballero y hombre de honor, tampoco me pidió posiciones, sino que me solicitó una gestión honorable e independiente del poder real. De acuerdo a la estrategia planteada y a los diversos apoyos que obtuve, fui elegido primer defensor del Pueblo, en la primera ronda de votaciones, por 42 votos, que provinieron de diferentes fracciones parlamentarias tanto del gobierno como de la oposición, aunque mayoritariamente de estos últimos. Por tanto, no es cierto que fui beneficiado por alguna decisión política partidista del PRD, como se ha pretendido decir, por cuanto dicho partido no tuvo candidatura oficial y sus legisladores votaron libremente. A pocos días de terminar mi período, puedo decir con gran satisfacción que cumplí mi palabra de crear, organizar e instalar adecuadamente la primera oficina de la Defensoría del Pueblo y la de actuar con plena independencia frente al gobierno anterior y también con el propio gobierno de la señora Moscoso.

Para nadie es un secreto que, desde que fui elegido no conté con apoyo político alguno, por eso mi primera oficina -y durante los seis meses siguientes- estuvo en mi casa. Tampoco conté con facilidades financieras oportunas, por lo que tuve que poner dinero propio para instalar las primeras oficinas, que pronto entregaremos. Nuestro legado -con errores y aciertos- es haber dejado para las futuras generaciones, el ejemplo de un defensor absolutamente independiente de los políticos y del poder real. Cualquier intento de decir lo contrario se estrellará con la realidad y con la historia de mis propias actuaciones.

* El Autor es Primer Defensor del Pueblo (1997-2001) y Doctor en Derecho.