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martes, 29 de marzo de 2016

Profundas reflexiones del Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, Dr. Italo Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de Panamá, sobre el verdadero sentido y función de un servidor público y la labor de los medios de comunicación

Una, dos y tres reflexiones por la Patria
Dr.  Italo Isaac Antinori Bolaños (*) 
Es imprescindible hacer algunas reflexiones. Por ahora, solo tres, quizás después nacerán otras… Primera reflexión: Es fundamental que en todo Estado exista el periodismo libre, sin cortapisas ni censuras, ejercido de forma respetuosa y valiente, pero apegado a la verdad y sin afectar honras ni la dignidad humana – no importa la orientación que tenga – para que la información fluya libremente y los ciudadanos podamos ejercer algún tipo de control sobre los actos de los servidores públicos. El control se ejerce de distintas maneras, formas y sentidos. Una de ellas apunta a la responsabilidad moral y política que ocurre cuando la sociedad reprueba masivamente la conducta del funcionario público, creando una presión sistemática sobre las estructuras del poder, tal cual fue el caso del ex Magistrado Alejandro Moncada Luna.  El servicio público requiere una formación y exige una actuación muy particular y transparente de modo que no se generen dudas sobre la gestión que se ejerce, ni en el ámbito o esfera pública, ni en las actuaciones privadas. Ser funcionario público es un servicio a la nación y un apostolado para con la Patria… Requiere la abstención de acciones, gustos, ocio y actuaciones que en la vida privada se podrían hacer sin mayores consecuencias. Cuando se ostenta un cargo público – sobre todo cuando es de relevancia – hay que ser cuidadosos y suspicaces para que una actuación que se asuma, no pueda ser interpretada como un hecho derivado de una actuación deshonesta, ligada a la corrupción o al enriquecimiento ilícito. Le corresponde, de inmediato, al Servidor Público, hacer las explicaciones y dar amplias satisfacciones y pruebas de su conducta, siempre y cuando ella, no haya sido ejecutada con dolo, corrupción o protervia y no quede un ápice de duda.  Por ello, al generarse la crítica, el funcionario debe explicar de inmediato, sin soberbia, irreverencia ni menosprecio, intentando que no quede rastro de dudas sobre lo que hizo o pudo haber hecho y cuál es la justificación lógica de su actuación de modo que se aclare si en verdad lo realizado está alejado de cualquier acto de corrupción.  Lo que no debe hacer es callar, con un silencio petulante, porque ello equivale a dibujar con su actitud, lo poco que le importa lo que opine o piense el pueblo… Y resulta que cuando se es Servidor Público el empleador es el pueblo a quien se deben satisfacciones y amplias explicaciones o aclaraciones de una conducta de modo que no queden dudas, ni tampoco perplejidades que apunten a señalar o configurar acciones aviesas.  Es la aclaración y explicación oportuna, hecha de forma amplia y no mezquina, la que se impone como un deber, de modo que supere cualquier duda.  Segunda reflexión, hemos de coincidir en que no es el confeso ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Alejandro Moncada Luna, el único corrupto en el servicio público. Si bien Moncada ha sido, es y será una vergüenza nacional, su condena como delincuente confeso – después de un publicitado proceso penal – hace más exigible una conducta rectilínea de los servidores públicos en general, para que sus acciones sean apegadas a la Constitución y a la Ley y no haya desviaciones o veleidades propias de las esferas del poder. Tal como hemos sostenido en repetidas ocasiones y como un ejemplo especifico – a la fecha, la configuración de la Corte Suprema de Justicia, es un nauseabundo lodazal de inmundicias, que desde hace años ansiamos que se limpie para el bienestar el país.  No olvidemos que así lo han reconocido al menos tres de sus Magistrados en distintos momentos.  En 1985, nuestro apreciado profesor de la licenciatura en derecho (Facultad de derecho de la Universidad de Panamá, 1976),  Camilo O. Pérez, lo denunció cuando, siendo Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, dijo púbicamente que en Panamá “la justicia es un potrero lleno de garrapatas”. Veinte años después, en el 2005, también lo hizo el entonces Magistrado Adán Arnulfo Arjona y recientemente, en el 2014 en enero de 2016, lo ha hecho valientemente el Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz.  Los tres crearon una turbulencia moral y ética en Panamá, pero más allá de esa perturbación social y conjunto de reproches más dirigido a los que hablaron que a los granujas, no ocurrió nada porque – aun sin deponer la lucha – hemos de reconocer que los conciliábulos, maquinaciones y tentáculos de los poderes fácticos, por ahora, imponen su voluntad sobre la de la inmensa mayoría del pueblo, que está pidiendo a gritos – tanto en Panamá como en muchos otros países – cambios, renovación y regeneración y un sentido diferente de entender la organización del Estado, porque saben muy bien que el modelo está agotado, asfixiado y parece haber llegado, indubitablemente, a su fin. Comprenden que hay que hacer algo, pero aún no identifican cuál exactamente es  la forma, el mecanismo y cómo se deberían articular las cosas para lograr tan alto objetivo.  Tercera reflexión, debemos insistir en que realmente los pueblos tienen lo que se merecen, lo que quieren o lo que mayoritariamente escogen.  Si bien esas son las reglas básicas de la democracia electoral, no es menos cierto que a cada generación le corresponde el compromiso y el deber de luchar para y por la  verdad y la justicia.  No es un asunto de partidos ni de grupos de presión, ni de colectivos sociales.  Esos tintes diversos quizá nos dividen de un objetivo mucho más profundo y concreto que apunta hacia la reforma del Estado y la sumatoria de ciudadanos con sentimientos y convicciones diferentes en el escenario nacional.  Es un asunto de convicción íntima y profunda, es la voluntad de unirnos para producir una reforma profunda e integral del Estado, de modo que todos los vicios e ineficacias estructurales puedan ser reparadas, corregidas y las grietas que se divisan en el edificio del Estado, sean reparadas sin mayor dilación.  Por tanto, no hay duda alguna de que, si los que queremos un amanecer diferente decidiéramos unirnos fraternalmente, en un proyecto diferente con ciudadanos realmente honestos que tengan el apostolado social por la Patria y  ajenos de los políticos tradicionales, alejando el egoísmo y acercando el amor por la patria, pudiéramos abrir las grandes alamedas para un país diferente.  No es ser de derechas, centro ni ser de izquierdas, es una unión maravillosa de compromisos comunes, alrededor de un grupo de ciudadanos diferentes y convencidos… Basta sólo con unirnos.  Bastará solo con no robar, ni animar corruptelas, solo se trata de actuar con absoluta honestidad y buscar el bienestar común.  Definitivamente que bastará sólo con una voluntad decidida, para poder hacerlo…
29 de marzo de 2016.
(*) El autor es Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, Reino de España y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)



viernes, 26 de julio de 2013

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL ESFUERZO DE UN GRAN DEFENSOR. Una de las entonces asistentes del Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, Dr. Italo Antinori, se refiere a su labor al frente de la institución.


LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL ESFUERZO DE UN GRAN DEFENSOR

Lcda. Xenia Solís Bravo
Abogada

2 de febrero de 2000. Ese fue el día que entré por primera vez en las primeras oficinas de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.  El sitio, para ser una oficina pública, era impresionantemente limpio y funcional.  Tenía el aspecto de un banco privado.  Sin embargo, todos los funcionarios que me atendieron, la mayoría jóvenes estudiantes de Derecho como lo era yo en esos momentos, lo hicieron de manera atenta, eficiente y diligente.  Allí en recepción se tomaban las quejas de las personas que acudían personalmente.  Una vez se les tomaban los datos y se escuchaba su problema, se les daba un documento con el número de ingreso de la queja y se les brindaba orientación adicional.  Señoras de mantenimiento pasaban revista de los baños cada 15 minutos.  Había un garrafón de agua embotellada disponible para el público, café, té y galletas.  Quienes allí esperaban para presentar una queja eran primero atendidos por una diligente y agradable funcionaria quien les escuchaba atentamente.
Gracias al envío de una hoja de vida a un apartado postal, fui llamada para laborar en la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, bajo la excelente y única gestión del Primer Defensor del Pueblo, Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, quien me dio la oportunidad, increíble y maravillosa para mí, de formar parte de aquél bastión de lucha por los derechos humanos de los panameños.  El Dr. Antinori ha sido un gran maestro para todos los que tuvimos el honor de trabajar con él y hacer historia, como precursor de la institución en Panamá.  No sólo aprendimos de él en los temas del derecho, sino en lo más importante.  Aprendimos con su ejemplo, a tener una mística de trabajo por la defensa de los intereses de los más necesitados en este país.
Todos saben que el Dr. Italo Antinori fue el Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá.  Todos saben que es un hombre independiente, contestatario, de fuerte personalidad, así como de carácter, además de polémico y valiente.  Pero pocos saben todo lo que tuvo que pasar para que las primeras oficinas de la Defensoría del Pueblo pudieran ser abiertas. Los esfuerzos por sacar adelante la institución comenzaron desde que tomó posesión como Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, momento en el cual comenzaba a contar el término de seis meses que, decía la Ley N° 7 de 5 de febrero de 1997, tenía para montar las oficinas de la institución. Pero, dada su independencia de criterio, que siempre ha sido una característica de la recia personalidad del Dr. Antinori, el gobierno de entonces no le brindó los recursos necesarios para instalar y organizar la institución, y esos primeros 6 meses tuvo que trabajar desde su casa.  La labor fue titánica.  El presupuesto le fue otorgado por dicho gobierno cuando ya era muy tarde para contratar bienes y servicios y debido a la presentación en casa del Primer Defensor del Pueblo, del entonces Subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Hamilton, en septiembre de 1997.  No obstante, el Dr. ltalo Antinori Bolaños aportó dinero de su peculio famillar para instalar unas estupendas oficinas que por su orden y diseño óptimo, y con las últimas tecnologías, fueron destacadas como ejemplo para toda Latinoamérica.  Esa cuenta de gastos jamás se la ha cobrado al Estado.  El orden característico del Dr. Antinori también se vio reflejado en el eficiente funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.  Dejó una institución eficaz, con todos sus procedimientos instaurados y que funcionaban impecablemente.  Y eso que solo contaba con un presupuesto de 2.7 millones de dólares, mucho menos en comparación con el presupuesto que ahora ostenta la institución y, a pesar de ello, la oficina ha perdido su fuerza.  Me asombra cuando ahora veo la inacción de la Defensoría del Pueblo y pienso en que yo fui testigo de la austeridad de la administración del Dr. Antinori para gastos desmedidos con el fin de poder utilizar los recursos en publicaciones, en la investigación de las quejas y en la atención del público.  Una de sus valiosas ejecutorias en la Defensoría del Pueblo fue la campaña de educación en valores y de los derechos humanos de las personas que llevó adelante durante todo el tiempo que estuvo a cargo de la institución y, a pesar que en su momento recibió críticas, todavía hoy todos esos libros y campañas, son referencia obligada en materias como los derechos y garantías fundamentales, la ecología y el medio ambiente y la salud.  Recuerdo muy bien que, quien sucedió al Dr. Antinori en el cargo de Defensor del Pueblo pidió más de una auditoria a la Contraloría General de la República y en todas se demostró la rectitud y honradez de la gestión del Dr. Antinori.  Tanto así que tengo entendido que los auditores de la Contraloría pidieron que no les hicieran perder más tiempo con dichas auditorias…  Y a pesar del pequeño presupuesto y de los constantes ataques de políticos y los poderosos económicamente, incómodos por sus pronunciamientos a favor de los derechos de las personas, el Dr. Antinori nunca eludió sus funciones, jamás dejó de atender una queja o de investigar de oficio situaciones irregulares.  Para luchar por el pueblo, no le detenían ni le han detenido nunca consideraciones políticas ni económicas; solo le movían su fe hacia Dios, el amor al prójimo y la convicción de que las personas debían sentir sus ansias de justicia saciadas.  Algunas voces malintencionadas y con matices de índole político, le atacaban señalando que tenía “ansias de figuración”, de “querer meterse en todo”.  Pero no se trataba de eso, sino de que la Defensoría del Pueblo está para atender a la gente en cada una de sus quejas.  Siempre nos decía a todos sus colaboradores que nosotros éramos los abogados del pueblo y que al menos las personas debían sentirse bien tratadas en la Defensoría del Pueblo, que es su casa, pues es la institución creada precisamente para que, quienes no tienen voz, la tuvieran. A todos nos enseñó una mística de trabajo que predicaba con el ejemplo. Y es que, en esa brega llena de amor por la gente y por reivindicar sus luchas, el Dr. Antinori era incansable. Secretarias y asistentes teníamos que turnarnos. Nos íbamos a dormir y él continuaba trabajando. Llegábamos a la mañana siguiente y allí estaba todavía. Ni siquiera se detenía aunque su salud se viera comprometida.   Hoy quiero compartir algo que nunca olvidaré y que guardo como un recuerdo permanente.  Eran tantas las quejas que se recibían, que el Dr. Antinori tenía que firmar cientos de expedientes diariamente con las resoluciones de admisión y demás.  Él leía todas y cada una de la páginas de cada expediente y las firmaba una por una.  Fueron varias las veces que permaneció hasta cinco o seis días en la institución donde tenía instalado un modesto baño completo con ducha.  También había un disimulado closet, donde su esposa le tenía ropa para cambiarse y artículos de limpieza y aseo personal.  Su esposa, la Dra. María Eugenia B. de Antinori tenía que ir a verle y llevar a su hija María del Mar y al recién nacido Gian Piero, para que vieran a su papá.  Y no fue una la noche en que María del Mar (quien se había aprendido los números de teléfono) llamaba a la Defensoría del Pueblo, llorando porque quería ver a su padre.  Me correspondió varias veces irla a buscar a la casa y llevarla hasta el despacho de su padre, donde jugueteaba mientras éste revisaba expedientes.  Cuando se cansaba se dormía en un sofá de la oficina del Defensor y éste le ponía como manta su propio traje (la parte superior de su saco).  No fue una la ocasión en que funcionarios de la institución vimos al Dr. Italo Antinori, salir de la oficina rumbo a su automóvil a las siete y treinta de la mañana (rumbo a su casa y para regresar en dos horas) llevando, al hombro, cargada a su hija María del Mar.  ¡Eso era vocación y mística de servicio y entrega a  la causa de la justicia!
Y así lo aprendimos todos, a tratar con especial atención y con denodada justicia y solidaridad hacia el prójimo, cada queja y cada problema que nos presentaban las personas.  Siempre recuerdo con especial cariño la gira de trabajo y de asistencia médica que el Dr. Antinori coordinó junto con su esposa, la Dra. María Eugenia Barnett de Antinori, a un olvidado poblado indígena ubicado en Rambala, en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.  Fueron mis propias compañeras de trabajo, profesionales del derecho y de otras carreras, quienes con mucho amor lavaron las cabezas de los niños indígenas para aplicarles los medicamentos contra piojos y otras enfermedades.  Y lo hicieron sin ningún rictus ni ningún tipo de oposición ni aversión.  Al contrario, el entusiasmo de todos era palpable.  Enseñanzas como esa resultaron valiosísimas en la formación de mi carácter personal y profesional.  Esta acción y otras más de su excelente labor, pueden apreciarse hoy día en Youtube.  Sobre el caso de Rambala, Bocas del Toro, puede verse: http://www.youtube.com/watch?v=bwZXutyMYtY   Nada le detenía cuando se trataba de cumplir con sus funciones, de hacer su trabajo de la mejor manera. Aquella ocasión en la que inició delicadas e importantes reuniones para lograr la liberación de Nicolás Pérez, panameño secuestrado por el grupo insurgente de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), muchas personas le preguntamos por qué lo hacía, sabiendo el peligro que representaba para su vida y que corría ese riesgo tan grande de dejar viuda a su esposa y huérfanos de padre a sus dos hijos aún muy pequeños. Nos manifestaba que lo sabía y que eso le preocupaba mucho, pero que tenía que hacerlo, que ese era su deber como Defensor del Pueblo y que no podía él también, abandonar a ese panameño al que ya habían abandonado todas las autoridades del Gobierno que debían haber hecho algo por él. Y con empeño, dedicación, y mucha inteligencia, logró convencer al grupo guerrillero, que le entregaran al señor Pérez. Y eso nos llena de orgullo y de admiración, porque alguien que tuvo la inteligencia y la sagacidad suficiente para lograr convencer a un feroz grupo guerrillero colombiano, de que le entregaran a un panameño olvidado por el gobierno de entonces, como un acto humanitario, no cabe duda que debe ser una persona sabia y valiente. (Ver: http://www.youtube.com/watch?v=4_vX2pk8vTo)
Todo cambió una vez terminó la gestión del Primer Defensor del Pueblo.  Los siguientes Defensores del Pueblo se han caracterizado por la inacción, la apatía y el tratamiento con un sesgo político de algunos temas.  Me uno a las palabras del Ing. Cristóbal Silva, quien escribió tanto en el Diario Panamá América como en La Opinión de Panamá (20 de julio de 2013) Ver: https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/quien-defiende-al-pueblo-889059  sobre este tema y señaló que “después del Primer Defensor, Italo Antinori, la actuación de la Defensoría exhibió poca capacidad para cumplir el papel que le asigna la Ley 7. Los defensores escogidos no han sido muy efectivos ante las situaciones que exigían una participación activa.”  Luego de la excelente y notable administración del Dr. Italo Antinori, no ha habido otro Defensor del Pueblo.  Como él ha manifestado, los políticos al principio no sabían lo que significaba la institución.  Luego la conocieron tanto que la capturaron para apagarla y restarle fuerza.   El abogado que sucedió al Dr. Antinori en el cargo como Defensor del Pueblo, por ejemplo, promovió cambios en la Ley de la Defensoría del Pueblo que la hicieron vulnerable a los lineamientos de la Asamblea Nacional de Diputados, una institución eminentemente política.  Además, borró la memoria histórica de la institución; quitó la página Web (que fue  hecha por el Dr. Antinori con la colaboración de los funcionarios de la institución y no costó ninguna jugosa consultoría) junto con toda la valiosa información de las quejas que allí se publicaban; eliminó el logo original; destituyó funcionarios que habíamos sido capacitados para el trabajo y, además, mencionar el nombre de Italo Antinori era casi motivo de destitución.  En fin, que en todos los sentidos bajó el perfil de la oficina.  A partir del segundo Defensor del Pueblo todos los siguientes continuaron en esa inacción, en gestiones refrigeradas y en actividades en salones de hotel que nada tienen que ver con la atención directa a las quejas de las personas que hacía el Primer Defensor del Pueblo en sus giras de trabajo por el país y en sus reuniones para atender personalmente muchos de los temas que le planteaban.
Como parte de su equipo de trabajo, pudimos acompañarle por todo el país, por cuanto realizaba giras para irradiar la institución en la población y para verificar  y dar solución a los graves problemas sociales que encontraba por todas partes. Y una de las cosas que más admiro en el Dr. ltalo Antinori Bolaños es esa sinceridad y el interés con el que trató cada caso y con el que atendió a cada persona que acudía a él. Con su inteligencia, podía encontrarle alguna solución a las quejas que le presentaban, pero fueron tantas las veces en que encontró mucha reticencia y entorpecimiento por parte de las autoridades gubernamentales, a veces solo por el prurito de darle la contra a la persona del Dr. Antinori porque creían que les adversaba de manera política, cuando éste lo que quería era una solución para quien le había puesto la queja. Muchos de estos funcionarios públicos, solo con el paso del tiempo y al ver la inacción de sus sucesores, fue que pudieron comprender sus actuaciones como Primer Defensor del Pueblo. Muchos ahora han entendido que al Dr. Italo Antinori Bolaños no le interesan ni le detienen amarres políticos, ni económicos ni de clase social, que lo que siempre le inspiró, tanto en su paso por la Defensoría del Pueblo como en su vida personal y profesional, es el logro de la justicia para quienes la necesitan, sin importar a qué grupo responde o pertenece.
Dicha desidia e inercia de los siguientes Defensores, que ha llegado a puntos escandalosos porque hemos conocido las actuaciones sometidas a investigación por parte de la recién separada Patria Portugal, nos deja hoy ante una institución que, lamentablemente, ha perdido el camino y la identidad.  El pueblo panameño se merece que la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá vuelva a ser bastión y cobijo a favor de los derechos humanos.  Nos merecemos que la institución vuelva a ser respetada, que vuelva a gozar de rectitud y transparencia y que sea columna de lucha contra la corrupción, tal como la dejó funcionando Italo Antinori Bolaños: un gran Defensor del Pueblo.

El Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, el constitucionalista Dr. Italo Antinori Bolaños, recibió en su casa - convertida en oficina temporal de la institución - al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Hamilton, el 10 de septiembre de 1997

Ante la negativa del gobierno panameño de ese entonces, de otorgarle presupuesto al Primer Defensor del Pueblo para que iniciara la apertura de las oficinas de la institución, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos de Estados Unidos de América, John Hamilton, invitado en el país para asistir al Congreso sobre el Canal de Panamá, visitó al Dr. Italo Antinori Bolaños en su residencia, convertida temporalmente en la oficina de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.  Medios de la República de Panamá y de otros países, recogieron la noticia:

Panamá, miércoles, 10 de septiembre de 1997

 

Antinori se reúne con subsecretario de EU

Hermes Sucre Serrano

De La Prensa 

El Defensor del Pueblo, Italo Antinori, reiteró ayer en reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Hamilton, su compromiso de actuar con absoluta independencia, imparcialidad y sin permitir presiones políticas que lo puedan desviar de la misión encomendada.  Ante la falta de una oficina de la Defensoría del Pueblo, Hamilton, quien quedó al frente de la delegación norteamericana que asiste al Congreso del Canal, no le quedó más remedio que visitar la residencia de Antinori, donde se ha improvisado un despacho que ya ha recibido 102 quejas.  La temática de la reunión giró en torno a los planes, los objetivos y las esperanzas que tiene la Defensoría de convertirse en una institución que preste auxilio a los nacionales y extranjeros que sufran violaciones a sus derechos humanos y libertades individuales.  El constitucionalista admitió que la Defensoría del Pueblo nació desamparada por el Ministerio de Planificación, quien hasta el momento se ha mostrado renuente a dotar los recursos que se requieren para trabajar.  “Siento que hay dificultades. Debo confesarle que yo no esperaba estas dificultades hasta este punto. Tengo la esperanza que estos tropiezos iniciales se resolverán”, recalcó.

Dijo que la próxima semana se reunirá con los periodistas para mostrar documentos que avalan su posición frente a las irregularidades presupuestarias que hay. “Reconozco que ningún camino es fácil de recorrer'', anotó. Antinori confía en que la posición independiente que ha mantenido hasta el momento no ha dado motivo alguno para que se le nieguen los recursos de personal, equipo y de local que se requieren para comenzar a atender las quejas de los panameños. A su juicio, a nadie le debe extrañar la autonomía que siempre debe mantener la Defensoría del Pueblo, ya que cuando la Asamblea aprobó la ley, que posteriormente fue refrendada por el Ejecutivo, se estaba claro en que la nueva institución no estaría supeditada a ninguna otra autoridad.

¿Cómo fui elegido Defensor del Pueblo? Relato en primera persona del Dr. Italo Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)

Artículo de opinión del constitucionalista Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, cuando cumplía con su gestión como Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, en el que explica cómo fue su elección para tan alto cargo.  Se cita el artículo tal cual fue publicado en el diario panameña La Prensa, el lunes 5 de marzo de 2001.

 

Panamá, lunes 5 de marzo de 2001

 ¿Cómo fui elegido defensor del Pueblo? 

Mireya Moscoso fue honesta, correcta y solo me puso como condición actuar con independencia y ayudar a los más pobres del país

Italo Isaac Antinori Bolaños * 

Para justificar lo que consideramos una evidente politización de la elección del defensor del Pueblo, algunos han echado mano al ataque personal y a tratar de desfigurar cómo resulté elegido primer defensor del Pueblo. De forma ofensiva han llegado a decir que la “única” credencial con que conté para ser elegido fue ser amigo de Tomás Altamirano Duque. Por tal razón, para que no se distorsione la verdad de lo que ocurrió en junio de 1997, haremos algunas aclaraciones porque creo que lo que está en juego en estos días es el futuro de una institución que está destinada a servir a los más necesitados y a los que no tienen voz.

Están en juego las futuras elecciones para un cargo cuyo titular deberá servir al país con independencia de quien ejerza el poder político y sin que la filiación política sea el factor que determine la actuación del defensor del Pueblo, tal como lo hemos demostrado con nuestras actuaciones. En primer lugar, lo que se discute es la actual elección, por ello, consideramos que referirse a situaciones que ocurrieron, casi cuatro (4) años atrás - desfigurando los hechos - es un intento por desviar la atención sobre la verdadera esencia del problema que es la actual elección que algunos políticos pretenden convertirla en un botín para hacer de ella parte del intercambio de activos.

En junio de 1997, los 52 candidatos que competíamos por el cargo, fuimos presentados al pleno. Todos luchamos por obtener los votos después de haber sido sometidos a audiencias públicas, en las que no solo los miembros de la Comisión de Derechos Humanos estaban presentes y hacían cuestionamientos, sino que también estaban presentes, el público que ingresó sin restricciones, así como los medios de comunicación, pudiendo igualmente interrogar libremente a los candidatos. Las audiencias de cada uno de los 52 candidatos fueron transmitidas en vivo y posteriormente en diferido por Canal Once, a fin de que la sociedad pudiera apreciar el pensamiento de cada uno de los aspirantes. Nada de esto ha ocurrido en la presente elección, puesto que lamentablemente las audiencias han sido a puertas cerradas, con lo cual se ha impedido que la comunidad conozca el planteamiento de los aspirantes a Defensor del Pueblo. Además, es ahora una fracción del parlamento constituida por 7, de los 71 legisladores, la que predeterminará -sin que se haya explicado previamente a la comunidad el método de ponderación o baremo- quiénes estarán dentro del grupo de los seleccionados y favorecidos que pasarán al pleno de la Asamblea, lo que impedirá que la comunidad pueda juzgar si en verdad se trata o no de los mejores candidatos, cuando en la anterior elección, sin exclusiones de ningún tipo, los 52 candidatos fuimos sometidos al escrutinio de la comunidad y del pleno de la Asamblea Legislativa. Durante la elección de 1997, ni el PRD ni ningún otro partido político respaldó o tuvo candidato oficial. No hubo recomendaciones de ninguna comisión política de partido alguno, que sugiriera ternas o que recomendara algún nombre. No hubo acuerdos entre partidos para la designación del cargo.

Por ello, no consideramos justo que se pretenda desvirtuar o distorsionar la forma en que fui elegido. Nuestra amistad con el señor Altamirano Duque y sus hermanas, ha sido de carácter personal y profesional, por cuanto antes de ser defensor del Pueblo, fui su abogado. En esta amistad no hubo ni hay nada de pecaminoso. El respeto de nuestras propias convicciones y diferencias ha sido la base de la amistad. En lo político, no hubo ni hay vinculaciones ni coincidencia entre el licenciado Altamirano Duque y mi persona. El es miembro del PRD y una de sus hermanas es esposa del actual vicepresidente de la República, quien pertenece al Partido Arnulfista. En lo personal, nunca he sido miembro de ningún partido político, ni he sido candidato a ningún puesto de elección popular. Mis credenciales de apoliticismo, de doctor en derecho (especializado en derecho constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, título que obtuve con las máximas calificaciones, el tener estudios de postgrado en derechos humanos y en estudios internacionales y mi licenciatura en derecho, fueron en su momento debidamente expuestas ante la Asamblea Legislativa, al igual que lo fueron los muchos artículos, publicaciones hechas y mi condición de profesor para el doctorado y maestría en derecho, dentro y fuera del país.

En junio de 1997, el partido PRD tenía 28 legisladores. En mis análisis y estrategias sabía de antemano - tal como ocurrió- que, al no haber candidatura oficial, el PRD y sus aliados dividirían sus preferencias entre varios candidatos. Según consta en el acta -cuya copia tengo- el día de la elección y en la primera vuelta, el suscrito logró 42 votos, Graciela Dixon logró siete votos, Jaime Padilla González, siete votos, Irma Mollick, cuatro votos, Luis Vergara, dos votos, y un voto cada uno lograron, Ulises Pittí, Ramón Castellanos, Ramón de Río, Abdiel Díaz Him, Santiago Gómez Montenegro, Alejandra Ramos de Trejos y Santander Tristán. Ante la previsible atomización del voto, era lógico que, quien consiguiera los votos de los entonces partidos de oposición, ganaría el cargo. Por tal razón, me entrevisté personalmente con doña Mireya Moscoso -líder de la oposición- a quien expuse mi plan de trabajo y a quien le prometí independencia en mis actuaciones. Durante la larga entrevista, ella me escuchó detenida y serenamente. En la situación en la que estaba, en la que dependía de los votos de su partido para ganar, pudo haberme condicionado el apoyo, pedirme puestos o espacios políticos; sin embargo, doña Mireya fue honesta y correcta, y solo me puso como condición actuar con independencia y ayudar a los más pobres del país. También conversé con el doctor Joaquín Fernando Franco, quien como gran caballero y hombre de honor, tampoco me pidió posiciones, sino que me solicitó una gestión honorable e independiente del poder real. De acuerdo a la estrategia planteada y a los diversos apoyos que obtuve, fui elegido primer defensor del Pueblo, en la primera ronda de votaciones, por 42 votos, que provinieron de diferentes fracciones parlamentarias tanto del gobierno como de la oposición, aunque mayoritariamente de estos últimos. Por tanto, no es cierto que fui beneficiado por alguna decisión política partidista del PRD, como se ha pretendido decir, por cuanto dicho partido no tuvo candidatura oficial y sus legisladores votaron libremente. A pocos días de terminar mi período, puedo decir con gran satisfacción que cumplí mi palabra de crear, organizar e instalar adecuadamente la primera oficina de la Defensoría del Pueblo y la de actuar con plena independencia frente al gobierno anterior y también con el propio gobierno de la señora Moscoso.

Para nadie es un secreto que, desde que fui elegido no conté con apoyo político alguno, por eso mi primera oficina -y durante los seis meses siguientes- estuvo en mi casa. Tampoco conté con facilidades financieras oportunas, por lo que tuve que poner dinero propio para instalar las primeras oficinas, que pronto entregaremos. Nuestro legado -con errores y aciertos- es haber dejado para las futuras generaciones, el ejemplo de un defensor absolutamente independiente de los políticos y del poder real. Cualquier intento de decir lo contrario se estrellará con la realidad y con la historia de mis propias actuaciones.

* El Autor es Primer Defensor del Pueblo (1997-2001) y Doctor en Derecho.

jueves, 25 de julio de 2013

El constitucionalista complutense y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, Dr. Italo Antinori Bolaños, se refiere a la situación actual de la Defensoría del Pueblo de Panamá y a su lucha por crear y establecer la institución.

– Memoria histórica que quizá conviene recordar –
¿Cómo hicimos para crear y establecer la Defensoría del Pueblo en la República de Panamá?

Reflexiones del Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá y fundador de la institución en Panamá, frente  a los momentos críticos y vergonzosos que ha vivido la Defensoría del Pueblo.
 
Poco tiempo antes de terminar mi período como Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, escribí un artículo de opinión denominado “¿Cómo fui elegido Defensor del Pueblo? que fue publicado en el Diario “La Prensa” el  5 de marzo del 2001, y reproducido por "La Verdad Hispanoamérica" en la siguiente dirección: http://laverdadhispanoamerica.blogspot.com/2013/07/como-fui-elegido-defensor-del-pueblo.html .  En estos días de julio del 2013 y frente a lo que vergonzosamente ha ocurrido en la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, quizá conviene recordar – sin ninguna otra pretensión que rescatar la memoria histórica – los pasos que dimos para instalarla y así sacar conclusiones y cada cual sus propias reflexiones.  Por ello, debajo del presente escrito, encontrarán el precitado artículo que escribimos en marzo del 2001, el cual podrán analizar. Asimismo, a continuación de dicho artículo, también encontrarán la noticia histórica,  publicada entonces también por el Diario “La Prensa” – elaborada por el distinguido periodista y docente Hermes Sucre Serrano – que nos da cuenta de la visita que hizo John Hamilton, quien en esos momentos era el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, a nuestra residencia en el mes de septiembre de 1997 (donde funcionó y nació la institución durante los primeros seis meses, porque no nos dieron oficinas).
Lo que ha ocurrido en la Defensoría del Pueblo es muy doloroso, triste y desafortunado.  Para el suscrito tiene una dimensión particular por cuanto, como Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá nos correspondió – por designios del Altísimo – crear e instalar dicha institución en el país en el año de 1997.  Con la conciencia en paz por haber cumplido con el deber para con Dios y para con la Nación, salí de la institución – que dirigí de manera transparente – el día que terminó mi período en abril del 2001.  Ni siquiera se me ocurrió ni tampoco intenté presentarme a la reelección – aunque por mandato de la ley podía haberlo hecho por un período adicional – porque sabía que los políticos tradicionales, al terminar mi período, ya conocían demasiado de la institución y habían decidido capturarla… Consciente de que, como en toda obra humana había cometido errores y aciertos, entregué la institución a mi sucesor de forma decente y honorable, como debía corresponder, porque sentía la satisfacción de haber cumplido plenamente con mi deber al dejar una institución completamente creada, –  casi que sin recursos – en lo físico, en lo administrativo, en el procedimiento y tratamiento de las quejas y con una trayectoria completamente independiente del poder político y así lo demostramos con nuestras actuaciones.  Los analistas u oficiales de quejas que atendían al pueblo, quedaron completamente entrenados y preparados para atender al público y lo hicieron muy bien.  El  personal que nombramos y dejamos trabajando en la institución hizo un trabajo excelente, con verdadera vocación y mística de servicio a favor de la justicia. La institución quedó impecablemente establecida, con orden y pulcritud y por ello la Defensoría del Pueblo que creamos recibió reconocimientos internacionales – incluso de países desarrollados – que nos felicitaron y nos consideraron entre las mejores instituciones creadas e instaladas del continente.
Tuvimos que partir de cero, porque cuando nos  eligieron no había ni una silla dónde sentarnos. Para instalar la institución y que ésta estuviera funcionando a los seis meses después de nuestra toma de posesión, es decir, el 16 de enero de 1998 (como establecía la Ley); tuve que poner una importante suma de dinero personal para financiar el arreglo, remodelación y acondicionamiento de la primera sede de la institución ubicada en la Calle 50 o Avenida Nicanor de Obarrio, planta baja del Edificio Don Camilo y cerca de la esquina con la Vía Brasil (nunca pasé la cuenta al Estado de la gran mayoría de los gastos en que incurrí). Al final del duro camino que transitamos – nos costó mucho esfuerzo no sólo crearla y establecerla, sino cimentarla y darle credibilidad, pero también obtuvimos muchas satisfacciones.  El comienzo de la institución fue muy duro quizá porque como su titular actuaba con demasiada independencia del poder político y había que castigarme.  Muchas veces en esos momentos difíciles me pregunté ¿cuál era el verdadero papel de la institución, defender al gobierno o defender al pueblo?  La respuesta íntima a esa pregunta le dio fuerzas a mi alma para seguir adelante con el objetivo de crear la institución y vencer todos los obstáculos que había en el camino, pues estaba convencido de que ningún camino en la vida es fácil…
Con gran dignidad y esmero, el 16 de enero del 1998 pudimos abrir la primera oficina de la Defensoría del Pueblo y desde ese día, empezamos a atender al pueblo que tuvo, entonces sus primeras oficinas.   Debo reconocer hoy día que entiendo que fue la presión internacional la que produjo la visita del entonces Subsecretario de Estado de los Estados Unidos en septiembre de 1997 a nuestra casa, donde me instalé porque no tenía oficinas y el gobierno de entonces no me las proporcionó.  A partir de entonces, las cosas empezaron a caminar para lograr la primera partida presupuestaria, hecho que ocurrió en diciembre de 1997, a escasos quince días de la fecha en que por mandato de la ley tuviera que abrir las primeras oficinas.  Si me hubiese quedado esperando la partida presupuestaria sin financiar con mis recursos propios el nacimiento de la Defensoría del Pueblo, habría llegado el 16 de enero de 1998 y no habría podido cumplir con el país ni con la Ley y probablemente ésa hubiese sido la excusa perfecta que los políticos hubiesen utilizado para pasarme factura por la independencia de mis actuaciones.
Con gran satisfacción y humildad hoy podemos manifestar que la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá,  nació y creció – como si fuese un niño recién nacido – en nuestra casa, entre los juegos cándidos de nuestra hija María del Mar, quien entonces estaba cumpliendo 3 años y hoy tiene 17 años de vida.  Hasta ella, entre su inocencia de niña, fue comprensiva porque, en cierta manera, le robamos parte de su espacio vital.  Nuestro segundo hijo, Gian Piero, para esa época no había nacido.  Por eso es muy doloroso contemplar lo que ocurre durante este tiempo en una institución que, con tanto amor y entusiasmo creé, organicé e instalé, junto al esfuerzo noble de mi esposa, amigos y fieles colaboradores quienes conocen todo el esfuerzo que hicimos para construir lo que a hachazos han destruido…
Con un presupuesto de solamente de 2.7 millones (muchísimo menos de lo que tiene hoy día la institución), logramos hacer una gran cantidad de  publicaciones de libros, folletos, informes, como el de los de más de diez mil niños sin identidad, llamados “Chiriticos”, que descubrimos en la frontera con Costa Rica, así como la edición y difusión de múltiples publicaciones de informes, investigaciones y aspectos educativos, convencidos de que sólo la educación libera los pueblos.  Con ese escuálido presupuesto hicimos que creciera, poco a poco, la institución en el corazón del pueblo panameño. Sin duda alguna y de forma decidida, puse mi pecho – y dejé mi piel en el camino – para defender a los oprimidos y a las personas que no tenían cómo defenderse.  Fueron infinidad de investigaciones las que hicimos y con resultados positivos; las más importantes constan en los informes especiales publicados, algunos de los cuales están en la Biblioteca Nacional.  Allí también están los tres informes anuales publicados, dos de éstos en dos tomos que reflejan y guardan el histórico trabajo a favor de la nación (algunos hasta de más de 1,500 páginas).  Con emoción recordamos el 9 de junio del 2000, cuando bajo críticas y muy peligrosas condiciones de riesgo para nuestra vida y seguridad, logramos la liberación en Colombia y en pleno campamento guerrillero, del vendedor panameño de la Zona Libre, Nicolás Pérez, quien iba en un vuelo donde viajaban congresistas que eran objetivo de las fuerzas revolucionarias y por eso fue secuestrado como toda la tripulación del vuelo comercial de AVIANCA, que volaba entre la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander) hasta Bogotá en la República de Colombia.  A Nicolás Pérez ni siquiera le conocía y nunca me imaginé que quedaría envuelto en su triste situación. Por cosas de la vida – y sin tener nada que ver con la situación de Colombia – Nicolás Pérez pasó 14 meses de su vida, secuestrado por fuerzas insurgentes en Colombia. Cuando supe lo que le ocurría medité muchísimo, pedí a Dios que me diera luz y entendimiento y resolví que debía intentar su liberación porque era un deber insoslayable que debía asumir, dada mi condición de Defensor del Pueblo. Antes de nuestra intervención comprobé que nadie en Panamá, hacía nada por salvar la vida de Nicolás Pérez ni por devolverle la felicidad a su familia, quienes sufrían semejante martirio.  Con el convencimiento íntimo que Dios nos acompañaría en esta arriesgada misión, durante un poco más de seis meses sostuvimos pacientes, delicadas, peligrosas y muy reservadas conversaciones con los máximos dirigentes de la guerrilla colombiana en puntos desconocidos de las montañas de Colombia, buscando la anhelada solución humanitaria que no podía ser otra que la liberación de Nicolás Pérez.  El 9 de junio del 2000, en un hecho histórico en el que Dios nos usó de instrumento y arriesgando nuestra propia vida, logramos persuadir a los más altos dirigentes de la guerrilla colombiana y logramos su liberación. Fue la primera vez en la historia de la insurgencia colombiana que se lograba la liberación de una persona secuestrada, sin acción militar y sin pago de dinero o precondiciones. Fue una auténtica liberación por causas humanitarias, definitivamente que inspirada y guiada por Dios, a quien damos toda la gloria… Un resumen noticioso de ese acontecimiento, ha sido publicado por algunos ex alumnos y colaboradores de nuestra gestión en la siguiente dirección: https://www.youtube.com/watch?v=4_vX2pk8vTo 
En la Defensoría del Pueblo todo parece haber comenzado a manejarse mal – hasta llegar a lo vergonzoso de la situación que ha ocurrido en estas fechas – cuando al término de mi mandato (abril del 2001), empezaron a destruir, poco a poco, la memoria histórica de la institución, destruyendo nuestro legado, destituyendo a funcionarios bien entrenados y honestos, borrando la historia de la página Web que creamos y que funcionaba rápida y eficientemente (aun la tenemos guardada en un archivo virtual); cuando cambiaron el logo, el himno, el eslogan original que establecimos “de la mano con la justicia” (brillante idea del distinguido toleaño Alberto Hernández) y casi que prohibiendo mencionar mi nombre, so pena de ser destituido. En mis soliloquios me he preguntado múltiples veces, ¿cómo se podía construir un futuro sólido, si no se hacía un  homenaje de respeto a quienes habían antecedido, fundado y forjado la institución?
Durante estas semanas que han significado un período triste para la Defensoría del Pueblo en Panamá, hemos preferido no hacer comentarios y/o declaraciones en los medios de comunicación, por elemental ética y respecto a la actual situación por la que, asombrosa y tristemente ha pasado la institución que, como he dicho antes, me correspondió crear y verla nacer en mi casa, para beneficio del pueblo panameño, sobre todo, para apoyar a los que intentan y procuran el camino de la justicia, de la redención social y del respeto a los grandes valores de la humanidad.
Por tanto, con la satisfacción del deber cumplido y con humildad en mi corazón, le agradezco a Dios habernos permitido la oportunidad de servir a la nación sobre todo para buscar una mejor condición social para los más desprotegidos y humildes.  Por eso me permito compartir lo que escribí hace algunos años – y que está debajo del presente comentario – así como la noticia de la histórica visita del Subsecretario de Estado de Estados Unidos a nuestra residencia, porque dichos testimonios forman parte de la memoria de la institución que intentaron borrar de la historia, quienes han pretendido escamotear y ocultar nuestro legado de plena independencia, justicia y trabajo social para los humildes…
Miércoles 24 de julio del 2013.

Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños

Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional)

Universidad Complutense de Madrid, Reino de España

Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)

Correo Electrónico: iantinorib@cwpanama.net 

https://www.youtube.com/watch?v=kldLuqZp6vI

 


Panamá, lunes 5 de marzo de 2001

¿Cómo fui elegido defensor del Pueblo?

Mireya Moscoso fue honesta, correcta y solo me puso como condición actuar con independencia y ayudar a los más pobres del país
 
Italo Isaac Antinori Bolaños *

Para justificar lo que consideramos una evidente politización de la elección del defensor del Pueblo, algunos han echado mano al ataque personal y a tratar de desfigurar cómo resulté elegido primer defensor del Pueblo. De forma ofensiva han llegado a decir que la “única” credencial con que conté para ser elegido fue ser amigo de Tomás Altamirano Duque. Por tal razón, para que no se distorsione la verdad de lo que ocurrió en junio de 1997, haremos algunas aclaraciones porque creo que lo que está en juego en estos días es el futuro de una institución que está destinada a servir a los más necesitados y a los que no tienen voz.
Están en juego las futuras elecciones para un cargo cuyo titular deberá servir al país con independencia de quien ejerza el poder político y sin que la filiación política sea el factor que determine la actuación del defensor del Pueblo, tal como lo hemos demostrado con nuestras actuaciones. En primer lugar, lo que se discute es la actual elección, por ello, consideramos que referirse a situaciones que ocurrieron, casi cuatro (4) años atrás - desfigurando los hechos - es un intento por desviar la atención sobre la verdadera esencia del problema que es la actual elección que algunos políticos pretenden convertirla en un botín para hacer de ella parte del intercambio de activos.
En junio de 1997, los 52 candidatos que competíamos por el cargo, fuimos presentados al pleno. Todos luchamos por obtener los votos después de haber sido sometidos a audiencias públicas, en las que no solo los miembros de la Comisión de Derechos Humanos estaban presentes y hacían cuestionamientos, sino que también estaban presentes, el público que ingresó sin restricciones, así como los medios de comunicación, pudiendo igualmente interrogar libremente a los candidatos. Las audiencias de cada uno de los 52 candidatos fueron transmitidas en vivo y posteriormente en diferido por Canal Once, a fin de que la sociedad pudiera apreciar el pensamiento de cada uno de los aspirantes. Nada de esto ha ocurrido en la presente elección, puesto que lamentablemente las audiencias han sido a puertas cerradas, con lo cual se ha impedido que la comunidad conozca el planteamiento de los aspirantes a Defensor del Pueblo. Además, es ahora una fracción del parlamento constituida por 7, de los 71 legisladores, la que predeterminará -sin que se haya explicado previamente a la comunidad el método de ponderación o baremo- quiénes estarán dentro del grupo de los seleccionados y favorecidos que pasarán al pleno de la Asamblea, lo que impedirá que la comunidad pueda juzgar si en verdad se trata o no de los mejores candidatos, cuando en la anterior elección, sin exclusiones de ningún tipo, los 52 candidatos fuimos sometidos al escrutinio de la comunidad y del pleno de la Asamblea Legislativa. Durante la elección de 1997, ni el PRD ni ningún otro partido político respaldó o tuvo candidato oficial. No hubo recomendaciones de ninguna comisión política de partido alguno, que sugiriera ternas o que recomendara algún nombre. No hubo acuerdos entre partidos para la designación del cargo.
Por ello, no consideramos justo que se pretenda desvirtuar o distorsionar la forma en que fui elegido. Nuestra amistad con el señor Altamirano Duque y sus hermanas, ha sido de carácter personal y profesional, por cuanto antes de ser defensor del Pueblo, fui su abogado. En esta amistad no hubo ni hay nada de pecaminoso. El respeto de nuestras propias convicciones y diferencias ha sido la base de la amistad. En lo político, no hubo ni hay vinculaciones ni coincidencia entre el licenciado Altamirano Duque y mi persona. El es miembro del PRD y una de sus hermanas es esposa del actual vicepresidente de la República, quien pertenece al Partido Arnulfista. En lo personal, nunca he sido miembro de ningún partido político, ni he sido candidato a ningún puesto de elección popular. Mis credenciales de apoliticismo, de doctor en derecho (especializado en derecho constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, título que obtuve con las máximas calificaciones, el tener estudios de postgrado en derechos humanos y en estudios internacionales y mi licenciatura en derecho, fueron en su momento debidamente expuestas ante la Asamblea Legislativa, al igual que lo fueron los muchos artículos, publicaciones hechas y mi condición de profesor para el doctorado y maestría en derecho, dentro y fuera del país.
En junio de 1997, el partido PRD tenía 28 legisladores. En mis análisis y estrategias sabía de antemano - tal como ocurrió- que, al no haber candidatura oficial, el PRD y sus aliados dividirían sus preferencias entre varios candidatos. Según consta en el acta -cuya copia tengo- el día de la elección y en la primera vuelta, el suscrito logró 42 votos, Graciela Dixon logró siete votos, Jaime Padilla González, siete votos, Irma Mollick, cuatro votos, Luis Vergara, dos votos, y un voto cada uno lograron, Ulises Pittí, Ramón Castellanos, Ramón de Río, Abdiel Díaz Him, Santiago Gómez Montenegro, Alejandra Ramos de Trejos y Santander Tristán. Ante la previsible atomización del voto, era lógico que, quien consiguiera los votos de los entonces partidos de oposición, ganaría el cargo. Por tal razón, me entrevisté personalmente con doña Mireya Moscoso -líder de la oposición- a quien expuse mi plan de trabajo y a quien le prometí independencia en mis actuaciones. Durante la larga entrevista, ella me escuchó detenida y serenamente. En la situación en la que estaba, en la que dependía de los votos de su partido para ganar, pudo haberme condicionado el apoyo, pedirme puestos o espacios políticos; sin embargo, doña Mireya fue honesta y correcta, y solo me puso como condición actuar con independencia y ayudar a los más pobres del país. También conversé con el doctor Joaquín Fernando Franco, quien como gran caballero y hombre de honor, tampoco me pidió posiciones, sino que me solicitó una gestión honorable e independiente del poder real. De acuerdo a la estrategia planteada y a los diversos apoyos que obtuve, fui elegido primer defensor del Pueblo, en la primera ronda de votaciones, por 42 votos, que provinieron de diferentes fracciones parlamentarias tanto del gobierno como de la oposición, aunque mayoritariamente de estos últimos. Por tanto, no es cierto que fui beneficiado por alguna decisión política partidista del PRD, como se ha pretendido decir, por cuanto dicho partido no tuvo candidatura oficial y sus legisladores votaron libremente. A pocos días de terminar mi período, puedo decir con gran satisfacción que cumplí mi palabra de crear, organizar e instalar adecuadamente la primera oficina de la Defensoría del Pueblo y la de actuar con plena independencia frente al gobierno anterior y también con el propio gobierno de la señora Moscoso.
Para nadie es un secreto que, desde que fui elegido no conté con apoyo político alguno, por eso mi primera oficina -y durante los seis meses siguientes- estuvo en mi casa. Tampoco conté con facilidades financieras oportunas, por lo que tuve que poner dinero propio para instalar las primeras oficinas, que pronto entregaremos. Nuestro legado -con errores y aciertos- es haber dejado para las futuras generaciones, el ejemplo de un defensor absolutamente independiente de los políticos y del poder real. Cualquier intento de decir lo contrario se estrellará con la realidad y con la historia de mis propias actuaciones.
* El Autor es Primer Defensor del Pueblo (1997-2001) y Doctor en Derecho.

 
 
Panamá, miércoles, 10 de septiembre de 1997

Antinori se reúne con subsecretario de EU

Hermes Sucre Serrano
De La Prensa
 
El Defensor del Pueblo, Italo Antinori, reiteró ayer en reunión con el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, John Hamilton, su compromiso de actuar con absoluta independencia, imparcialidad y sin permitir presiones políticas que lo puedan desviar de la misión encomendada.  Ante la falta de una oficina de la Defensoría del Pueblo, Hamilton, quien quedó al frente de la delegación norteamericana que asiste al Congreso del Canal, no le quedó más remedio que visitar la residencia de Antinori, donde se ha improvisado un despacho que ya ha recibido 102 quejas.  La temática de la reunión giró en torno a los planes, los objetivos y las esperanzas que tiene la Defensoría de convertirse en una institución que preste auxilio a los nacionales y extranjeros que sufran violaciones a sus derechos humanos y libertades individuales.  El constitucionalista admitió que la Defensoría del Pueblo nació desamparada por el Ministerio de Planificación, quien hasta el momento se ha mostrado renuente a dotar los recursos que se requieren para trabajar.  “Siento que hay dificultades. Debo confesarle que yo no esperaba estas dificultades hasta este punto. Tengo la esperanza que estos tropiezos iniciales se resolverán”, recalcó.
Dijo que la próxima semana se reunirá con los periodistas para mostrar documentos que avalan su posición frente a las irregularidades presupuestarias que hay. “Reconozco que ningún camino es fácil de recorrer'', anotó. Antinori confía en que la posición independiente que ha mantenido hasta el momento no ha dado motivo alguno para que se le nieguen los recursos de personal, equipo y de local que se requieren para comenzar a atender las quejas de los panameños. A su juicio, a nadie le debe extrañar la autonomía que siempre debe mantener la Defensoría del Pueblo, ya que cuando la Asamblea aprobó la ley, que posteriormente fue refrendada por el Ejecutivo, se estaba claro en que la nueva institución no estaría supeditada a ninguna otra autoridad.
 
 

lunes, 18 de enero de 2010

JOAQUIN RUIZ-GIMÉNEZ Y LA VOCACION HUMANISTA. Escrito del Dr. Italo I. Antinori Bolaños

Excelente escrito de sincero homenaje al Dr. D. Joaquín Ruiz-Giménez  fallecido Primer Defensor del Pueblo del Reino de España (1982-1987), que ha escrito su ex alumno, el  Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001), y eminente constitucionalista, a quien en  "La Verdad" le consideramos como uno de los más destacados de Hispanoamérica.

JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y LA VOCACION HUMANISTA
Eran los primeros días de diciembre de 1986 y los doctorandos en Derecho Constitucional, entrábamos apresurados al salón de clases del Instituto de Derecho Parlamentario (Departamento de Derecho Constitucional) de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Recuerdo que era un día frío, pero soleado y desde el puesto que ocupaba divisaba claramente los majestuosos picachos de la Serranía del Guadarrama, que discretamente empezaban a cubrirse de nieve… La puerta se abrió y el insigne maestro del Derecho Constitucional español, el Dr. Luis Sánchez Agesta (q.e.p.d), entró acompañado de un elegante señor, de porte distinguido y de mirada soñadora, a quien nos presentó como el Dr. Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático de filosofía del derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, ex Ministro de Educación de España (1951-1956) y en esos momentos, el Primer Defensor del Pueblo del Reino de España.
Por una invitación del Dr. Sánchez Agesta – que Don Joaquín había aceptado previamente – nos daría clases sólo por las tres semanas siguientes, porque dadas sus altas ocupaciones como Defensor del Pueblo, no disponía de más tiempo para enseñarnos. Fue un verdadero privilegio que Dios me concediera ser su alumno en el tema “La Defensoría del Pueblo, su concepción constitucional y su vocación humanista”. De esa forma pasé a convertirme en discípulo de quien en esos precisos momentos era el Primer Defensor del Pueblo de España.
Conocido es que la Constitución de España de 1978, estableció la Defensoría del Pueblo en el Artículo 54, curiosamente antes que la Corona (que está en el Artículo 60 y siguientes), que las Cortes Generales y la formación de leyes (Artículo 66 y demás), antes que el Gobierno y la Administración (Artículo 97 y siguientes) y antes que las demás instituciones del Estado. Esto sólo puede explicarse desde la perspectiva de la importancia real y precisa que le dieron a la institución, como soporte efectivo y fundamental para la vigencia plena de un Estado social y democrático de derecho, tal como se define el Estado Español en el Artículo 1 de la precitada Constitución, cuando dice que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Por tal razón, es que se explica por qué los españoles establecieron la Defensoría del Pueblo, dentro del Título I de la Constitución que se denomina “De los Derechos y Deberes Fundamentales”. Cuando eligieron al Primer Defensor del Pueblo, escogieron a quien podía sembrar en el huerto de la patria, una institución para que creciera fornida y pujante; por ello el Dr. Joaquín Ruiz-Giménez recibió esa misión cuando fue elegido en diciembre de 1982. En la redacción de dicha Constitución había participado como académico y erudito en el tema, nuestro tutor, el eminente constitucionalista, el Dr. Luis Sánchez Agesta, quien había actuado como Senador en la primera legislatura constituyente española nada más y nada menos que, por mandato y decisión de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España.
En ese mes de diciembre de 1986, ante la presencia de tan conspicuas personalidades, fui consciente de que tenía ante mí, la representación vívida de una parte importante de la historia de España del siglo pasado. Ese privilegio me comprometía con más razón, a dar todo de mí con tal de aprender, captar y aprovechar todas sus enseñanzas. Estar en ese sitio, en el momento indicado y en el tiempo adecuado, fue una oportunidad que debía aprovechar plenamente. Con las conferencias magistrales – porque más que clases eran conferencias extraordinarias – aprendí muy claramente que las Defensorías del Pueblo no sólo deben ser ejercidas por titulares independientes que tengan coraje, arrojo y valentía, sino que también es necesario que estén descontaminadas de los intereses de los políticos y de la política.
Nos decía Don Joaquín que, cuando la política se introduce en la Defensoría, ésta empieza no sólo a deteriorarse, sino también a perder el rumbo de su verdadera función que es darle voz a quien no la tiene, porque lo importante es la defensa y protección de todo ser humano, como representación de la creación divina y por tanto, carece de importancia y de significación el grupo político al que pertenezca. Y es que las Defensorías del Pueblo no deben ser instrumentos ni escalinata para rapaces apetitos políticos de sus titulares, como tampoco deben convertirse en apéndices o complementos de los gobiernos de turno ni de los intereses económicos. Por eso supongo que siempre nos repetía que el talante de la institución lo imponía quien la dirigiera. Ello nos indica que los Defensores no deben ser dóciles amanuenses del gobierno en procura de dádivas o réditos políticos, ni tampoco defensores – abiertos o solapados – de los actos o acciones que el gobierno ejecute.
Cuando tal situación ocurre, el propósito y sentido de la institución queda desvirtuado y desnaturalizado. Y el pueblo queda burlado porque se ha falseado una promesa y se ha opacado una esperanza de redención… Como consecuencia de tan memorables clases, Don Joaquín nos invitó a la Defensoría del Pueblo de España. Cuando conocí la institución, su funcionamiento y sus sistemas recién creados, quedé tan entusiasmado que durante cuatro (4) meses estuve asistiendo “ad honorem” para hacer una especie de pasantía en la institución, con la autorización de mi ilustre profesor, el Dr. Joaquín Ruiz-Giménez, Primer Defensor del Pueblo del Reino de España y la aprobación de mi tutor, el genial constitucionalista Dr. Luis Sánchez Agesta (q.e.p.d.)
Como una anécdota curiosa, recuerdo que a mediados de febrero de 1987, Don Joaquín me llamó a su despacho y me dijo que cuando regresara a Panamá con el título de Doctor en Derecho (especializado en Derecho Constitucional) tenía la obligación moral y académica de que, cuando se eligiera al Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, le debía aconsejar muy bien para que fuera independiente y no estuviera subordinado a los intereses políticos. Diez (10) años después de haberme dicho esa visionaria y premonitoria frase, Dios quiso que el suscrito fuera elegido Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá el 27 de junio de 1997. A veces he llegado a pensar que quizá alguna inspiración divina – de esas que no se pueden explicar más que por la fe que profesamos – tendría Don Joaquín cuando me dijo aquella frase y me dio tan sabia recomendación que apliqué cabalmente.
En el año 1999, los Defensores del Pueblo de Centro América y Panamá, fuimos convocados a Madrid a una reunión en la Defensoría del Pueblo de España de la que era su Defensor, Don Fernando Álvarez de Miranda (Defensor del Pueblo desde 1994 hasta 1999), otro gran ciudadano de España, quien fue Presidente del Congreso de los Diputados de España (1977-1979) y por tanto, le correspondió el histórico acontecimiento de firmar en 1978, junto a Su Majestad el Rey Juan Carlos I, la Constitución de España que desde entonces rige en ese país. Minutos antes de iniciar la reunión, el Defensor del Pueblo de España, entró al salón de juntas, acompañado por Don Joaquín Ruiz-Giménez, quien en esos momentos era Presidente del Comité Español de la UNICEF. Fue una agradable sorpresa para todos los Defensores presentes, saber que en la reunión participaría Don Joaquín.
Pero lo que menos me imaginaba era lo que vendría después… Cuando inició sus palabras como invitado de honor a la reunión, empezó por decir que se sentía muy emocionado y satisfecho al constatar que el Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá, había sido su alumno a quien le había correspondido explicar y enseñar aspectos fundamentales y trascendentales sobre la Defensoría del Pueblo y su función. Sus palabras además de constituir una alta distinción del maestro por el alumno, me llenaron de mucha energía y fortaleza para continuar dirigiendo la institución en mi país – pese a todas las vicisitudes que pasamos los Defensores auténticos – hasta el final de mi mandato y entregarla con toda dignidad y decencia a mi sucesor. Esa fue la última vez que conversamos con más detenimiento (lo volví a ver en las Jornadas Conmemorativas del X Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, realizadas en Madrid el 19 y 20 de noviembre de 1999).
En esa ocasión, en la sede de la Defensoría del Pueblo de España, nos despedimos con un fuerte abrazo con el que sellamos el compromiso de luchar para que la justicia no sea una quimera ni la esperanza de los pueblos por un mundo mejor, una etérea concepción. Mientras escribo estas líneas de homenaje al maestro, recordé una frase que escribí refiriéndome a la justicia que dice: “la justicia se siembra – a veces tarda en germinar – pero finalmente crece tanto, hasta tocar el cielo con su fuerza…” (ANTINORI BOLAÑOS, Italo Isaac, Tercer Informe Anual de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, Impreso por Comunicaciones para Todos, Panamá, 2000, frase extraída de una intervención nuestra y que aparece en la portada de la respectiva edición).
Ante la partida física del Dr. Joaquín Ruiz-Giménez, ocurrida en Madrid, España el 27 de agosto de 2009 a los 96 años de edad, tenemos que reconocer el impulso excepcional que le dio a la instalación y organización de la Defensoría del Pueblo en España hecho que fue fundamental para que la institución se irradiara en nuestros países de Ibero América. Y es que fue desde España, que se difundió a nuestros países después que ese país la estableciera en la Constitución de 1978. Haber creado, establecido y organizado – de forma impecable y con singular éxito – la Defensoría del Pueblo en el Reino de España, fue medular para darle sentido a la institución en Hispanoamérica.
Ese mérito, esa mística y ese importante precedente se lo debemos al Dr. Joaquín Ruiz- Giménez, Primer Defensor del Pueblo del Reino de España (1982-1987). Por ello, ante el dolor de su partida, hoy le damos un digno reconocimiento por su vida, forjada con una extensa como intensa vocación humanista, en beneficio de los demás.
Ciudad de Panamá, miércoles 7 de octubre de 2009.
 
* El  Dr. Italo Isaac Antinori Bolaños, fue el Primer Defensor del Pueblo de la Republica de Panamá (1997-2001). Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, posee un post Grado en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI) de Madrid y Doctor en Derecho (especializado en Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, España.
Correo electrónico: iantinorib@cwpanama.net  
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=144960