Panamá, lunes 28 de junio de 2004
Los nuevos
‘constituyentes’
Sin ser electo, un grupo de cercanos colaboradores de Martín Torrijos, es
el verdadero artífice del proyecto de reformas a la Constitución
ROLANDO RODRIGUEZ
RAFAEL PEREZ G.
“Ha llegado el momento de proceder a reformar la Constitución Política, de
acuerdo con los intereses nacionales y los retos del nuevo siglo. Para ello,
propiciaremos la consulta nacional con los ciudadanos y las organizaciones
sociales”.
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| Gustavo Chellew |
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| Jorge Giannareas |
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| Milton Henríquez |
Lo anterior es una promesa electoral del presidente
electo, Martín Torrijos Espino. Los dos compromisos que se desprenden del texto
–las propias reformas y las consultas– constituyen la única referencia en su programa
de gobierno, de 60 páginas, sobre las reformas constitucionales.
La escasez de detalles en el plan de gobierno no fue
obstáculo para que un equipo de trabajo empezara su redacción, a mediados del
mes pasado, en las oficinas de Arden & Price, ubicadas, a su vez, en las
oficinas de la influyente firma de abogados de Morgan y Morgan-, donde un
cercano colaborador de Torrijos, Carlos Ernesto González Ramírez, llevaba la
voz cantante.
Curiosamente, todos los que desfilaron por esas reuniones
-con excepción de algunos pocos- hicieron convenientes “aportes” que ahora son
objeto de críticas.
Los anhelos del TE
Una
figura muy recordada por las fuentes consultadas es la del magistrado del
Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery. Después de su comparecencia a las
oficinas de Morgan y Morgan, salió a relucir una reforma que dice así: “En su
administración presupuestaria, el Tribunal Electoral será fiscalizado por la
Contraloría General de la República solamente mediante control posterior”. Es
decir, no habría control previo, un anhelo acariciado desde hace 14 años, como
lo reconoció el propio magistrado Valdés Escoffery, cuando asistió, el pasado
jueves, a la Asamblea Legislativa.
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| Carlos Ernesto González Ramírez |
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| Juan Antonio Tejada Espino |
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| Eduardo Valdés Escoffery |
Pero el proyecto de reformas contiene más facultades novedosas para los magistrados del Tribunal Electoral. Aunque elimina los dos suplentes permanentes de estos funcionarios, la propuesta establece lo siguiente: “Las ausencias temporales de algunos de los magistrados serán cubiertas por un funcionario del Tribunal en calidad de magistrado encargado (...) quien será designado temporalmente por la mayoría de los Magistrados del Tribunal Electoral.”
Es decir, cuando falte un magistrado, los otros dos están
facultados para designar a su reemplazo por un periodo no definido.
No obstante, se mantuvo como función administrativa de la
Asamblea: "nombrar... al magistrado del Tribunal Electoral [que le corresponde]
y a su suplente..."
¿Se trata de un desliz de los nuevos constituyentes?
El club de los elegibles
En la reforma constitucional aparecen algunos añadidos a
los requerimientos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La
propuesta establece como requisito para ello: “Haber completado un período de
10 años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado,
cualquier cargo del Organo Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal
Electoral o de la Defensoría del Pueblo....”. Tomar en cuenta los años de
trabajo en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo es el gran cambio.
Eso quiere decir que, de acuerdo con el nuevo artículo,
serían elegibles como magistrados de la Corte ya no solo los tres magistrados
del Tribunal Electoral –entre ellos, el propio Valdés Escoffery– sino también
los actuales procuradores, incluso José Antonio Sossa, así como el actual
defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino. Estos dos últimos, hijos del
desaparecido Partido Demócrata Cristiano –hoy Partido Popular (PP)– aliado del
Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Una nominación de Tejada –primo del presidente electo–
para magistrado de la Corte o para procurador reñiría con una promesa electoral
del propio Torrijos, quien propuso que los magistrados de la Corte no serían
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad del
Presidente de la República.
Las reformas que se comprometió a hacer Torrijos en su
programa de gobierno, concernientes al nombramiento de los magistrados de la
Corte, parecen haber sido desatendidas olímpicamente por los autores del
proyecto. Por ejemplo, además de las ya mencionadas, Torrijos prometió que los
nominados al cargo de magistrados de la Corte deben tener “solvencia moral,
ética... y reconocida independencia de criterio”. Pero nada de esto aparece en
el proyecto de reforma.
En cambio, para el cargo de Defensor del Pueblo se
incluyó un artículo que, entre otras cosas, exige requisitos tales como “tener
solvencia moral y prestigio reconocido, no tener parentesco dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente de la
República, ni con ningún otro miembro del Consejo de Gabinete, ni con
magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni con legisladores de la
República”.
¿Por qué la nueva Constitución exigiría solvencia moral y
prestigio reconocido al Defensor del Pueblo y no así a los máximos jueces de la
Nación, a lo encargados de impartir justicia, cuyas decisiones son definitivas,
irrevocables y de obligatorio cumplimiento? ¿O es que, para ocupar ese cargo,
no hace falta nada de eso?
Otro que asistía regularmente a las oficinas de Arden
& Price para participar en las reuniones era el subdirector del diario El
Panamá América, Milton Henríquez, cuyos aportes, según las fuentes, giraron en
torno a las reformas del Organo Legislativo, del que él fue miembro (1989-1994)
y fracasó en sus intentos reeleccionistas.
En la lista de los “consultados” también destaca el
nombre de un asesor económico del Ejecutivo, específicamente del Ministerio de
Economía y Finanzas: el chileno Gustavo Chellew, quien actuaba, según una de
las fuentes consultadas, como portavoz del gobierno. Chellew, de acuerdo con la
misma fuente, era el “Mr. No”, pues nada le parecía bien.
¿Reformas con nombre?
Hay más. Según otras fuentes, el defensor del Pueblo,
Juan Antonio Tejada Espino, también se dio su vuelta por las oficinas de
González Ramírez. Resultado: la Defensoría del Pueblo quizá suba un peldaño en
la jerarquía legal y pasaría a tener su propio capítulo en la Constitución
Nacional.
Uno de los requisitos que se le exige a funcionarios como
los magistrado de la Corte Suprema, los ministros de Estado y los procuradores,
etc., es que, para ocupar sus respectivos puestos, los nominados deben ser
panameños nacidos en el territorio nacional. Sin embargo, para ser Defensor del
Pueblo, las reformas proponen solo ser ciudadano de nacionalidad panameña, lo
cual le pareció muy atinado a Tejada.
Ese detalle ha hecho que circulen algunos rumores.
“Algunos podrían estar pensando que nosotros estamos considerando a la
legisladora de origen democristiana Teresita de Arias para la Defensoría del
Pueblo”, reconoció el propio Torrijos. Como se sabe, la legisladora es de
origen cubano, nacionalizada panameña.
Torrijos, para desmentir los rumores de que algunas de
estas reformas tienen nombre y apellido, dijo estar dispuesto a aceptar
–incluso admitió que no le incomodaría– que se incluya una restricción para que
este artículo entrara a regir a partir del momento en que finalice su mandato,
en el 2009.
“El problema de los derechos humanos no es Teresita de
Arias... Bueno, para algunos a lo mejor sí...”, recapacitó.
La convocatoria de González Ramírez también alcanzó a
otros, entre ellos, al docente universitario Jorge Giannareas, al empresario y
seguidor de Torrijos Felipe Rodríguez y al presidente del Colegio Nacional de
Abogados, Carlos Vásquez, quien es hijo de Marisol Reyes de Vásquez, la última
magistrada presidenta de la Corte durante la dictadura de Manuel Antonio
Noriega.
Lo que
parece ser todo un misterio es quién hizo el trabajo de “edición” de las
reformas. De acuerdo con una fuente, que prefirió no ser mencionada por su
nombre, el trabajo de “costura” fue hecho por un sastre que “pegó retazos de
aquí y de allá” para hacer un traje que parece que no le ajusta a nadie, salvo
a aquellos que impulsaban enmiendas con nombre y apellido.
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