El
Dr. Italo Antinori Bolaños, Doctor en Derecho (especializado en Derecho
Constitucional) y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá
(1997-2001), nos ofrece un profundo y conmovedor análisis sobre los intentos
independentistas de Cataluña, desde la óptica de un Doctor en Derecho formado
en España por las mentes más preclaras y brillantes de finales del siglo
pasado. Su análisis preciso, rotundo y contundente, nos aclara aspectos
no tratados por otros analistas sobre la crisis catalana y escrito a una semana
de la fecha escogida para celebrarse en Barcelona, el referendo secesionista
del 1 de octubre de 2017. Sus vivencias y su condición de destacado y
apreciado discípulo de ilustres personajes de primer orden, en la transición
española que se inició en 1975, convierten su análisis en un indiscutible
legado histórico de singular valía. La “Verdad Hispanoamérica” se siente
complacida de publicar este excepcional aporte de sociología política y de
Derecho Constitucional, escrito por tan admirado maestro, académico y pensador
iberoamericano.
Mi
amada España y el germen de la anarquía
Amo a España
y a su pueblo. Tengo comprensibles y sobradas razones para tan preclaro idilio.
Viví y estudié el doctorado en derecho (especializado en Derecho Constitucional) en
la Universidad Complutense de Madrid, y ello me permitió relacionarme con españoles
de distintos estratos culturales y sociales, de diferentes regiones, cultura y lugares.
Pude comprobar sin ambages que es un pueblo noble y generoso que uno fácilmente
aprende a querer. Por qué negar ese amor, si lo valioso y edificante es
confesarlo, sacarlo del alma y gritarlo, sin temor y sin complejos, que uno ama
a España, tal como está, con sus diferencias culturales por regiones, pero con
la unidad monolítica del Estado.
En 1987, mientras cursaba los estudios doctorales, el venerable maestro del
Derecho Constitucional, Dr. Don Luis
Sánchez Agesta (q.e.p.d.) – mi tutor
académico y quien me había tomado un cariño casi paternal – me recomendó
asistir a una conferencia que se dictaría en la Fundación Cánovas del Castillo de Madrid, donde también estaría presente
el inteligente profesor y personaje público, Dr. Don Manuel Fraga Iribarne (q.e.p.d.) – estrechamente ligado a
la aludida Fundación – y quien siempre me honró con su afecto y a quien había
conocido años antes cuando estudiaba la licenciatura en Derecho y Ciencias
Políticas en Panamá, y éste realizaba una de sus giras políticas por
Iberoamérica promoviendo entre los residentes españoles, al entonces Partido
Alianza Popular (que había fundado y del que era Presidente) y que terminaría
convirtiéndose en el antecedente inmediato del actual Partido Popular que
gobierna España. Nunca olvidaré la
histórica conversación, que se produjo esa noche, donde tuve el honor de estar
junto a dos genios del Derecho Constitucional.
Don Luis le comentó a Don Manuel que el suscrito había hecho
una exposición en los cursos de Doctorado donde sostenía que había un grave
error sociológico en la Constitución Española de 1978, específicamente en el artículo
3 donde, si bien establecía el Castellano como lengua “española” oficial del
Estado, también establecía que las demás lenguas españolas serían “oficiales”
en sus respectivas
Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.
Fraga quien era y es considerado uno
de los ocho (8) padres de la Constitución Española de 1978 y Don Luis, quien había sido honrado por el
Rey Don Juan Carlos I, designándolo como
Senador de la primera legislatura constituyente española de 1977, me miraron
fijamente, quizá sorprendidos – más Fraga
que Don Luis – por la lisura del
joven “sudamericano” (no tenía 30 años aún) que exponía con seguridad,
semejante tesis. Tras unos segundos de silencio, Fraga me espetó a boca de jarro y sin recato alguno, con su voz
impositiva, un lacónico ¿Por qué? Me
pedía con una sola y directa expresión que sustentara las razones de nuestro
criterio. Me afiancé y sin titubeo alguno, me lancé a exponer con rápidas
palabras que el error había estado en no haber expresado clara y
categóricamente en el artículo 3, el deber u obligación (no solo el derecho) de
que en las comunidades autónomas, se usara, se respetara y se utilizara el
castellano en todos los trámites oficiales de cada comunidad y en los asuntos
atinentes a la educación, porque tal como estaba redactado el precitado
artículo 3 de la Constitución Española, en algunos años podría surgir el germen
de la desunión de España que la impulsaría a su desintegración y
fraccionamiento social. Expliqué que era un error haber señalado que existía el
derecho de usar el castellano y solo el “deber” de conocerlo, sin embargo,
nunca se estableció el deber u obligación de usarlo en todos los actos
oficiales de cada Comunidad Autónoma, como lengua oficial y única del Estado. Cuando terminé,
la mirada de Don Luis fue compasiva y la de Fraga feroz. Esperé el golpe dialéctico
de la impredecible personalidad de Fraga;
sin embargo, para mi sorpresa me dio dos palmadas suaves en el hombro y solo me dijo: “Esperemos
que no” Sentí que quizá indultó mi
pensamiento constitucional y que fue probable que no quisiera aniquilar de un
tajo, mi entusiasmo académico.
Han pasado
treinta años de esa histórica conversación cuyo único testigo vivo soy yo. Ante
el sentimiento independentista que para estas fechas promueven sectores
catalanes con un innegable apoyo – lamentable pero es un hecho cierto – de un
considerable sector de la población, sobre todo joven, me he preguntado si en
efecto, la raíz de la desunión nació con el artículo 3 de la Constitución
Española de 1978, como sostenía desde 1987, en mis atrevidos análisis
constitucionales. A las comunidades
autónomas (como la de Cataluña, la Gallega, Valenciana, y el país Vasco, entre
otras), había que darles el derecho a usar sus propias lenguas pero jamás permitir
que esas lenguas regionales quedaran equiparadas al castellano o español, que es
la lengua oficial del reino, ni mucho menos permitir el menoscabo de ésta, a
favor de aquellas, como poco a poco ha ido ocurriendo en las comunidades autónomas
y con más determinación y preeminencia en Cataluña. Con la oficialización de su
lengua y sin la obligación constitucional de acatar el castellano, Cataluña fue
traduciendo desde 1978 textos escolares al catalán para los distintos niveles
de educación. De esta manera el niño, desde los primeros años aprendía sus
lecciones en catalán, nunca en castellano. En los textos los niños y jóvenes
leyeron la historia reescrita y reinterpretada de España con el calculado
propósito de adoctrinar desde las aulas a los más jóvenes para que entendieran que
Cataluña debía ser independiente de la “perversa” y “opresora” España, porque
la culpa de todos los males lo representaba España como nación unitaria. Así cambiaron lentamente la historia del
Reino de Aragón al que perteneció Cataluña y en su lugar reescribieron la del
Principado de Cataluña. Ha sido una guerra muy inteligente, como indudablemente
son los catalanes, que se libró sin balas y en silencio, pero con libros que
sirvieron de manera eficaz para aleccionar a los niños y jóvenes que algún día
serían adultos, en el pensamiento independentista catalán y sabiendo que éstos
harían, en su momento, la soñada escisión de España. Fue una siembra paciente, un abono permanente
que sabrían que produciría los frutos deseados, tal como ocurre en estos
momentos. Como si fuera poco, las emisoras y televisoras transmitían en catalán
e insuflaban la grandeza de Cataluña, a la par que menospreciaban a la “perezosa”
España – responsable de todos los males – porque decían sin titubeos y sin
pudor alguno que, sin Cataluña donde todo se hacía – además de la riqueza – el
resto de España no podría vivir. La
lengua oficial, de rigor, en el gobierno regional, fue el Catalán y poco a poco
fueron imponiendo la ordenanza de que, solo
podían estudiar en Cataluña, quienes hablaran esa lengua, mientras que
los castellano parlantes no podían hacerlo si no hablaban el catalán. El resto de España y sus gobiernos miopes y
hasta torpes, nunca previeron que tales acciones inevitablemente conducirían,
al cabo de algunos años, a que muchos niños, ahora convertidos en jóvenes y
también en adultos, abrazaran entusiasmados la causa independentista de
Cataluña que desde las aulas de clases le habían irradiado, enseñado y
aleccionado por años, ante la permisiva cobardía de los dirigentes nacionales y
de los políticos trasnochados. Por eso sostengo que la causa independentista y por
ende, el desmembramiento social y político de España, no nació hace poco
tiempo, sino que empezó a germinar y a fraguarse a partir del mismo 27 de
diciembre de 1978, cuando el Rey Juan
Carlos I y demás dignatarios, firmaron la Constitución Española de 1978. Desmontar
toda la “siembra” conceptual e ideológica hecha durante casi cuarenta (40) años
a favor de la independencia, no es tarea de poco tiempo, es un largo recorrido
hacia la unidad de España, que habría que hacer con paciencia, perseverancia y
sentido de Estado. Lo que ocurra el uno
(1) de octubre de 2017 con el intento de referendo independentista o deje de
ocurrir, no será de mayor transcendencia frente a una innegable realidad que
duele pero que es cierta: España ha quedado fracturada y hay un considerable e
importante grupo de catalanes que cree firmemente en la independencia, porque
con los años los dejaron embriagarse de ese concepto y dejaron que les
sembraran en el alma una crispación profunda contra todo lo que signifique
“España”. Y contra ese sentimiento no
existe misil en el mundo que lo pueda destruir. Estoy convencido que, desde
1978 – por la razón constitucional que hemos explicado – se inició la fractura
social de España que resulta muy difícil de recomponer a la fecha, porque a toda esta
causa tan grave, se suma una peor, que es el componente genético que yace en la
sangre del pueblo español: su tendencia
a la anarquía.
Hoy recuerdo
que cuando ocupé el cargo de Primer Defensor del Pueblo de la República de
Panamá (1997-2001), nuestro período coincidió con el de Don Fernando Alvarez de Miranda (q.e.p.d.) quien era el Defensor
del Pueblo de España en esos años, y quien había sido el Presidente de las
Cortes Españolas en 1978. Por su alto
cargo, a Don Fernando le había
correspondido el honor de refrendar debajo de la firma del Rey Juan Carlos I, la histórica Constitución de 1978. En largas
conversaciones que sostuvimos, pude contarle la anécdota con Don Manuel Fraga y nuestra cosmovisión
del artículo 3 y nuestro necio convencimiento de que en el futuro sería la
causa más importante que provocaría el desmembramiento sociológico del Reino de
España. Don Fernando, no sé si por lo inmensamente tolerante y amistoso que
era, me escuchó pacientemente siempre y en alguna que otra ocasión logré que me
aceptara que la situación podía ser preocupante. Recuerdo que en una ocasión le narré que en
1994, cuando mi esposa y yo residíamos en Suiza, algunos profesores me
invitaron en una ocasión a visitar la Universidad de Friburgo. Había una exposición de las lenguas de los países
europeos. Y mientras casi la mayoría de
los países exhibían con orgullo su lengua nacional, el estanco de España
presentaba cuatro lenguas: el catalán, el vasco, el gallego y de último el
castellano. Recuerdo que me pareció hasta hiriente pensar que mientras en
nuestra América india se defendía el castellano o el español que España nos había
legado desde la conquista, ahora en la noble España dicha lengua sucumbía lentamente,
frente al embate de las otras…. ¡Qué ironía!
23 de septiembre de 2017
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