El Dr. Italo Antinori Bolaños, constitucionalista complutense y Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001) hace un análisis sobre la contratación estatal en Panamá

Juana Rosales y la mujer del César

Reflexiones del Dr.  Italo Antinori B. (*)

Juana Rosales era una acaudalada mujer, poseedora de fama por su buen gusto, adecuada educación y merecida fortuna, venida de menos a más, producto de su tesón por el trabajo y buenas decisiones económicas.  En la cumbre de sus éxitos fue acusada por su marido de ser una meretriz disimulada que, ante la sociedad, hacía ver que cumplía con todas las reglas de urbanidad, buenas costumbres y educación, pero en verdad – alegaba su marido Hernando Flórez – que no era así, pues ejercía la prostitución de manera contumaz, y permanente, disfrutando su ilegal proceder, mientras hacía gala ante la sociedad, de una rectitud que no poseía…  Dispuesto a acabarla, la acusó en los tribunales de justicia con el ánimo de hacerle daño, quitarle los bienes matrimoniales, fundamentar el divorcio y desmejorar su condición económica.  Pero las pruebas fueron insuficientes y Juana Rosales, pese a rumores y habladurías, nunca pudo ser condenada por ejercer la prostitución, simplemente porque no hubo pruebas suficientes.  Pero el marido, terco y obcecado, echó mano de las denominadas redes sociales, (desde el anonimato y en la opacidad), para lanzarle una campaña de desprestigio y vituperios a su mujer, más allá de las fronteras, con lo que dejó su reputación maltrecha y deteriorada, de una forma nunca vista, porque el cotilleo fue enorme dada la buena fama de la que gozaba Doña Juana, no solo como dama pudiente, sino educada y correcta.  Pese a no haber sido condenada ni por prostitución ni por malas prácticas, fue evidente que el buen nombre y prestigio de Juana Rosales, quedaron maltrechos, afectados y mucha gente dudó de su honradez… Al paso de algunos días, Juana Rosales, comprendió sensatamente que, por elemental prudencia, debía abstenerse de ciertas actividades.  No aceptó la invitación que su amigo Mario de la Cierva le hizo para ir a tomar un capuchino al Hotel Sheraton. Si voy – pensó sagazmente – infamemente dirán  que como estoy entrando a un hotel iré a una cita de amores clandestinos y para mi desgracia, jamás pensarán que solo iré a la cafetería a tomarme un delicioso café.  Entonces, se dijo a sí misma, debo abstenerme de ir a disfrutar del apetecido café.  Con el paso de los días, llegó a la razonada conclusión que, ante las acusaciones surgidas por doquier que apuntaban directamente a su reputación, debía cambiar de estrategia y estilo de vida.  De ahora en adelante – pensó con racional lucidez  – debo actuar como la mujer del César, pues no solo debo ser honesta, sino parecerlo.

En los últimos días del mes de abril de 2016 – justo cuando finalizaba el mes en que, mediante un terremoto informativo, fueron divulgados en el mundo los denominados “Panama Papers” – la Asamblea Nacional de Panamá consideró y discutió, en tercer y último debate, el denominado proyecto de Ley N° 305, que modificaba la Ley N° 22 de 27 de junio de 2006 (Gaceta Oficial 26,829 de viernes 15 de julio de 2011) que regula la contratación pública en Panamá y que dicta el marco normativo en que las personas (naturales y jurídicas) pueden contratar con el Estado Panameño.  La discusión se trancó por un par de días cuando un grupo minoritario de Diputados propuso que – además de inhabilitar a los supuestos contratistas condenados por la justicia panameña, como proponía el Ejecutivo – también se inhabilitara a todo contratista extranjero, condenado también en el exterior, por actos de corrupción.  La propuesta creó una polémica dentro del Parlamento panameño que produjo resultados el jueves  28 de abril de 2016, cuando, con 38 votos en contra, 6 a favor y 5 abstenciones, la Asamblea Nacional rechazó la moción presentada e hizo prevalecer el criterio de que a las empresas extranjeras, solamente se les inhabilitaría para contratar con el Estado, cuando fueren condenadas únicamente en la República de Panamá. La Asamblea Nacional – declaró la Diputada Ana Matilde Gómez en el Diario La Prensa de sábado 30 de abril de 2016 – “pagará un alto costo político por no haberle cerrado el paso a la corrupción internacional”.  Al criterio de la Diputada Gómez, se sumó el de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, cuando su Presidente Jorge García Icaza, declaró que “la Asamblea envía un mensaje incorrecto al país y a la comunidad internacional”.  Otras voces de la sociedad coincidieron con ambas declaraciones.  Entre éstos, el Movimiento Independiente (MOVIN) – a quien el gobierno panameño hace poco tiempo le concedió la personería jurídica como asociación sin fines de lucro – declaró por intermedio de Horacio Icaza, que “no se ha mandado un mensaje al mundo de que realmente Panamá tiene cero tolerancia a la corrupción.  Se ha dejado abierto a poder participar a cualquier empresa del mundo, esté o no condenada.  Ese es un terrible mensaje que se da al mundo.”  (La Prensa, sábado 30 de abril de 2016)  El influyente Diputado y hermano del Presidente de Panamá, José Luis “Popi” Varela, manifestó que lo logrado era un avance en comparación con la ley vigente y que hay “más cosas buenas que cosas malas” aprobadas en el tercer y último debate de dicho proyecto de ley.  Sostuvo que, de haber sido aprobada la modificación propuesta, se hubiesen paralizado varias licitaciones, “debido a las impugnaciones entre empresas que pudiesen acusarse de estar condenadas en el sistema judicial de otros países” (La Prensa, sábado 30 de abril de 2016).  En las redes sociales, el Diputado Varela, para sustentar su criterio citó, a manera de ejemplo, al encarcelado dirigente venezolano Leopoldo López asegurando que, siendo un ejemplo de ciudadano, si obtuviese su libertad y viniera a Panamá, no podría licitar con el Estado por estar condenado por un tribunal de justicia en Venezuela.  Igual – reafirmó el Diputado Varela – pasaría con empresas condenadas por regímenes como el de Corea del Norte u otros (La Prensa, viernes 29 de abril de 2016).  Y aunque el Diputado Varela, si bien reconoce que es un tema complicado, no descarta que en el futuro, mediante un amplio consenso se busque una redacción adecuada que cubra lo planteado por los proponentes, de modo tal que se le pudiera dar potestad a la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, para inhabilitar a las empresas corruptas condenadas en el extranjero, sin convertir cada licitación en una “pandora” de recursos donde habría que consultar fallos judiciales en el mundo.  (La Prensa, 29 de abril de 2016).

Lo ocurrido genera una profunda discusión y atiza sin lugar a dudas una polémica que no parece estar zanjada y que dista mucho de ser un tema que quedará en el olvido. ¿Fue prudente discutir el proyecto de Ley a horas de terminar la legislatura, antes del receso parlamentario de dos meses? ¿Fue acertado y juicioso discutir tan delicado proyecto de Ley, precisamente en el mes y pocas semanas después de haberse divulgado el escándalo de los “Panama Papers”? Quedan algunas reflexiones y varias interrogantes por hacer.  Pero ante la  cuestión surgida, no debemos olvidar que después de los “Panama Papers”, la República de Panamá se encuentra en una incómoda situación en el ámbito internacional, pues se le atribuye ser permisiva y facilitadora en el uso de su sistema legal y financiero para favorecer los delitos de lavado de dinero, terrorismo, tráfico de armas, proliferación de armas de destrucción masiva y defraudación fiscal.  Si gracias a la actuación de Mossack y Fonseca, Panamá está en el ojo de la tormenta mundial, ¿no debería Panamá actuar con prudencia y aspirar a ser como la mujer del César? 

Sábado, 30 de abril de 2016.

(*) El autor es analista, conferencista internacional. Es Doctor en Derecho (Especializado en Derecho Constitucional) por la Universidad Complutense de Madrid, Reino de España y fue el Primer Defensor del Pueblo de la República de Panamá (1997-2001)